La Corte Suprema de Justicia anunció que este lunes escuchará los argumentos luego de una larga disputa jurídica con respecto a si ciertos titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) califican para convertirse en residentes legales permanentes (LPR).
Esta disputa judicial se empezó en 2015 cuando José Sánchez y Sonia Gonzáles, dos inmigrantes de origen salvadoreño que llevaban 15 años bajo el programa, solicitaron la Green Card a través de su empleador y el trámite les fue rechazado.
Al menos unos 400,000 inmigrantes indocumentados están protegidos por el TPS. La mayoría de ellos son de origen centroamericano, como El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Hasta los momentos, tres cortes de apelaciones han determinado que los beneficiarios del TPS casados con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos mayores de 21 años nacidos en Estados Unidos pueden apelar para recibir la Green Card.
Sin embargo, otras dos cortes han fallado en contra; es por ello, que el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos, finalmente, revisará el caso, luego de que lo anunciaran en enero.
El TPS defiere temporalmente de la deportación y otorga a los beneficiarios una autorización de empleo, que sería un permiso de trabajo, válida por el mismo tiempo.
Los detractores del programa argumentan que el TPS fue creado con el fin de otorgar un estatus temporal de permanencia y que cuando finalice el programa, los beneficiarios deberían regresar a su estatus anterior, es decir, como “indocumentados”.
