El no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más divulgó este viernes un informe en el que destacó que la violencia sexual está entre las principales formas de tortura dentro de las cárceles nicaragüenses.
El Colectivo de Derechos Humanos ha investigado 73 "casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes" de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, lo que le ha llevado a concluir que "una de las formas más graves y recurrentes documentadas es la violencia sexual".
El informe señaló que autoridades policiales, y "paramilitares" aparentemente ligadas al Gobierno del presidente Daniel Ortega, cometieron violaciones sexuales, abusos contra los cuerpos de sus víctimas, amenazas de violación y acoso sexual.
"La mayoría de personas han sido sometidas a desnudez forzada, comprobándose como una práctica generalizada en la mayoría de los municipios", detalló el Colectivo.
En el reporte sobresalió el caso de una mujer que, según su testimonio, fue secuestrada junto con sus dos hijos, entre ellos una menor de edad, por "paramilitares sandinistas" en su propia casa, donde fue utilizada como sirvienta.
"Era constantemente golpeada y violada sexualmente", relató.
CONDICIONES CARCELARIAS
Además de la violencia sexual y de la desnudez forzada, el informe señaló que los opositores capturados desde abril de 2018 han sufrido condiciones carcelarias inadecuadas; hacinamiento, falta de agua y luz, y a veces sin casi alimentos.
El testimonio de una de las víctimas recogidas en el informe relata que a veces los llamados "presos políticos" han sido ubicados en calabozos con agua "hedionda" hasta cerca de la rodilla, para evitar que se sienten.
Otra víctima explicó que fue colgada de las muñecas y agarrada a golpes, una más afirmó que fue amarrada a una silla y golpeada hasta vomitar sangre, o rociada con un ácido que le lastimó la piel hasta provocarle un desmayo.
Los choques eléctricos, rompimiento de huesos, desprendimiento de dientes o de uñas, se sumaron a los tipos de torturas en cárceles conocidas como "El Chipote", en Managua; o "La Modelo", en Tipitapa, al noreste de la capital.
El Colectivo confirmó que las víctimas responsabilizaron de forma recurrente a miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, que depende del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y agentes policiales, así como a "paraestatales" o llamados "paramilitares", y "un miembro de la municipalidad de Diriamba (Pacífico).
FAMILIARES ENTRE LAS VÍCTIMAS
El informe también indicó que "fueron denunciados por la comisión de actos de tortura cuatro comisionados generales: Ramón Avellán, Juan Valle, Luis Alberto Pérez Olivas, y Fidel Domínguez".
Las torturas y amenazas no se han limitado a los "presos políticos", sino también a sus familiares, quienes sufren maltratos durante las visitas a prisión, o en sus viviendas, según el reporte.
De las víctimas, algunas fueron excarceladas y capturadas nuevamente, otras están fuera de prisión pero con procesos legales en su contra vigentes, afirmó el Colectivo.
Las denuncias se dan en el marco de una crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, cuando multitudinarias manifestaciones contra Ortega fueron aplastadas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 328 muertos ese año.
ONG locales sostienen que el número de muertos desde entonces es de al menos 684. Ortega ha admitido 200, y sostiene que se defendió de un "golpe de Estado fallido".
El grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, que registra las incidencias de la crisis sociopolítica de Nicaragua, ha reportado la detención de más de un millar de personas por rechazar a Ortega o su familia en los últimos tres años, la mayoría han sido excarceladas, y actualmente hay 118 en prisión, de acuerdo con su último reporte.
En tanto, la CIDH ha registrado 1.614 detenciones "arbitrarias" de opositores en Nicaragua, en el marco de la crisis.
