El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro vio este martes rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (STJ) para obtener la libertad en ese país africano, confirmaron a Efe fuentes próximas a la defensa.
El recurso se interpuso por haberse “excedido el período máximo permitido para permanecer en prisión”, por lo que “Saab se encuentra detenido ilegalmente”, según argumentó el equipo legal del empresario colombiano, detenido el 12 de junio.
El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, aseveró este mes que “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días”.
Por ese motivo, los abogados requerían su excarcelación para que “permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva”.
Prórroga de la detención
Sin embargo, el STJ, con sede en Praia, capital caboverdiana, dictaminó este martes que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, explicaron a Efe las fuentes de la defensa.
Otro motivo esgrimido por los letrados para cambiar el régimen de prisión preventiva tiene que ver con el frágil estado de salud de Saab, pero este supuesto también fue rechazado por el tribunal, que aún debe pronunciarse sobre su extradición a EE UU.
En octubre, Saab presentó su caso de extradición ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), bloque regional al que pertenece Cabo Verde.
Ese tribunal se mostró favorable la semana pasada a que Cabo Verde permita atención médica externa al empresario colombiano.
Alex Saab
Saab fue detenido el 12 de junio, cuando su avión hizo escala para surtir combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tanto el gobierno como un tribunal del país insular africano han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el STJ.
Tras mantener un perfil bajo en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
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El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
