La violencia contra las mujeres en Venezuela se ha radicalizado durante los últimos 20 años, y el Gobierno, en lugar de combatir y aliviar el problema, lo promueve, dijeron analistas al sitio Infobae, en un reporte publicado este lunes.
“Ellos dicen que son feministas, que defienden los derechos de las mujeres, pero realmente las utilizan como mano de obra barata en proyectos sociales y como bandera política. En Venezuela, la violencia es institucional”, explica Fernando Aranguren, investigador y activista de la Red Naranja de Venezuela.
Agrega que el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres venezolanas, lo que las convierte en ciudadanas de segunda clase.
El investigador insiste en que la exclusión de espacios públicos, la imposibilidad de participar en lugares de poder, el lenguaje sexista utilizado en discursos políticos y la falta de equidad son formas de violencia impulsadas por el gobierno.
El femicidio es la forma extrema de violencia de género, de acuerdo con la ley, causada por odio o desprecio hacia la mujer. Sin embargo, la norma establece 21 tipos de violencias, comenzando por las agresiones psicológicas.
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Magdymar León, psicóloga y coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), expone que, generalmente, una mujer que es asesinada por razón de su género fue víctima de otros tipos de violencia.
Además, en la mayoría de los casos se registra una vinculación afectiva con el agresor o una relación de poder en la que el victimario tiene ventajas.
En el informe Mujeres al Límite 2019, generado por la alianza entre las organizaciones Mujeres en Línea, Avesa, Cepaz y el Centro Hispanoamericano de la Mujer Freya, se determinó que en 58,6% de los casos consultados, los victimarios fueron sus parejas actuales; en 18,7% fueron familiares directos (padres, tíos, abuelos, primos), en 9,5% fueron extraños, en 7,7% las parejas anteriores y en 2,7% restante fue un compañero de trabajo.
En Venezuela, León identifica las cinco formas de ataques más comunes contra las mujeres: violación, actos lascivos, explotación sexual, acoso sexual y violencia obstétrica: todas tipificadas en el código.
Sin embargo, precisa que la ley no cuenta con un reglamento que explique los protocolos para implementarla.
“Las instituciones no saben cuáles son los pasos a seguir”, destaca.
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El Estado tampoco ha promovido ni asomado la posibilidad de desarrollar planes de eliminación de la violencia contra las mujeres. Eso implicaría, además de políticas públicas, programas de educación con perspectiva de género, planificación y presupuesto.
Investigadoras y activistas afirman que en medio de la emergencia humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela, las niñas, adolescentes y mujeres –población estimada en 49% de la ciudadanía según el Instituto Nacional de Estadística- son las más afectadas.
Mujeres al Límite expone que el debilitamiento de las capacidades de las instituciones y organismos del Estado para cumplir sus obligaciones impide promover, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en Constitución.
En el último capítulo del documento se explica: “Tenemos entonces que, a pesar de contar con un marco normativo e institucional en materia de violencia contra la mujer, el acceso a la justicia, así como la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, presenta serias brechas”.
