La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este lunes la persecución contra los defensores de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido”, dijo en su discurso de apertura de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La expresidenta de Chile expresó su preocupación por la intimidación hacia los activistas y alentó el diálogo para llevar a cabo elecciones libres.
Bachelet también criticó la poca información que existe en el país por parte del régimen venezolano, argumentando que la falta de datos públicos impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas.
Pidió, además, que se liberen a los presos políticos después de que su Oficina formuló recomendaciones sobre los centros de detención preventiva del régimen.
“Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables”, dijo Bachelet, afirmando que 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020.
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La exmandataria chilena lamentó la terrible situación humanitaria y económica que existe en Venezuela y que se vio agravada por la pandemia del COVID-19, “en parte, por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”.
Bachelet indicó que los ciudadanos venezolanos reciben ingresos bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta el sector alimentario y el sector educativo.
En el informe compartido por la Oficina de la Alta Comisionada, se pide a los países a mantener la ayuda humanitaria hacia Venezuela, sobre todo en momentos de pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que están ampliamente disponibles en los países con mayores ventajas.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su Oficina y el Gobierno de Venezuela, con el objetivo de que el personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.
“Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos”, finalizó.
