Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una "reforma profunda" de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al Gobierno de Sebastián Piñera dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza.
"Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión", indicó la organización en el informe.
Lea también
También subrayó que la Justicia debe investigar la "responsabilidad de mando" en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas durante la crisis.
Según Guevara, la responsabilidad penal no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que es necesario sancionar a "los mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día".
AI consideró en su informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".
Lea también
Y destacó que durante y después del estado de emergencia decretado por el Gobierno, el alto mando de Carabineros (Policía militarizada) y sus responsables políticos permitieron que sus subordinados siguieran actuando con violencia en las calles del país.
Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
Además ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.
