El presidente Daniel Ortega llamó “terroristas” a los obispos que apoyaron las protestas que estallaron en Nicaragua en abril de 2018 y dijo que en otro país “ya estarían detenidos”.
Ortega dirigió el pasado lunes un mensaje transmitido por la televisión oficial junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el cual fustigó esas movilizaciones, que calificó de “golpe terrorista” de la oposición “para arrebatar al pueblo sus derechos y su soberanía”.
En medio de la campaña electoral, la cual se ha convertido prácticamente en un monólogo suyo tras la detención de sus principales contrincantes, el líder sandinista dijo que los 37 opositores arrestados desde junio, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron "los verdaderos responsables de los actos de terrorismo".
En el acto, el mandatario afirmó que los obispos “nos leyeron el ultimátum, donde nos daban 24 horas para dejar y entregar el Gobierno, el Poder Judicial, el Poder Electoral, la Asamblea Nacional, entregarlo todo”.
"Un golpe igualito al que le dieron al presidente Chávez los vendepatrias en Venezuela, que luego el pueblo lo revirtió. Aquí (en Nicaragua) fue igualito y no aguantó el pueblo", señaló.
Según Ortega, los obispos —mediadores en el diálogo entre sociedad y Gobierno tras las protestas de 2018— le entregaron “un documento vergonzoso, en nombre de los terroristas”, en alusión a los opositores que eran la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociación y que, a su juicio, servían “al imperio” de Estados Unidos.
El mandatario dijo que dio por recibido el documento, dobló el papel, dio las gracias a los obispos y luego “dijimos que teníamos que recuperar la paz, porque en esos días no había paz en Nicaragua, lo que había era terror, y el país estaba paralizado”.
La Policía y civiles encapuchados y armados, afines al sandinismo, neutralizaron las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
