Denunciarán en la ONU las “sistemáticas violaciones de DDHH” contra cientos de familias cubanas

La organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) presentó este jueves en Madrid el informe "1000 familias cubanas contra el Gobierno cubano", una denuncia que llevará ante las Naciones Unidas sobre los "patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano".

El documento, conformado tras los procedimientos establecidos contra cientos de manifestantes de las históricas protestas de julio de 2021 (11J) en la isla, fue presentado por Javier Larrondo, presidente de PD, en el Consejo General de la Abogacía Española (CGEA). Participaron la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, Blas Jesús Imbroda.

"Muchos de los juicios (del 11J) fueron exprés, orales, sin sentencia, sin abogados, en tribunales militares y en cuestión de horas: en 96 horas están condenando al acusado, que no sabe de qué se le acusa porque no recibe la sentencia", afirmó Larrondo durante la presentación de la denuncia.

Además, advirtió sobre "las detenciones arbitrarias e ilegales [del régimen cubano], la ausencia de tutela judicial, la falta del debido proceso, la inexistencia de la defensa y del principio de contradicción, (pruebas) testificales ilegítimas, periciales manipuladas al servicio de la acusación, presunción de culpabilidad o discriminación por motivos de pensamiento", entre otras irregularidades.

La denuncia, realizada por más de diez juristas que trabajaron con Prisoners Defenders, incluye los dictámenes individuales de más de 300 víctimas que demuestran violaciones del debido proceso y sumará el análisis de otro centenar de casos hasta completar los 400 casos.

La ONG explicó que, en los más de 5000 folios de trabajo jurídico expuestos en el documento, se evidencia "la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades, con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con condenas que en no pocos casos se cuentan por decenas de años".

La denuncia debe llegar a la ONU antes de finales de este mes, de cara al Examen Periódico Universal al que se somete el régimen cubano, según precisó Larrondo.

Por su parte, la eurodiputada Dita Charanzová recordó que en 2021 “el pueblo cubano dijo basta” en las masivas protestas que se extendieron por toda la isla.

“Desde Europa, exigimos la liberación de los presos políticos en Cuba. Con esta denuncia dejamos un mensaje claro y contundente: no vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático, respete los derechos humanos y hasta que haya libertad”, afirmó la vicepresidenta de la Eurocámara.

La política y diplomática checa señaló que el documento "1000 familias cubanas contra el Gobierno cubano", “saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos”.

El informe “permite determinar que los 1077 prisioneros políticos que Cuba mantiene condenados en la actualidad, han sufrido las mismas violaciones procesales y todos, sin excepción, deberían ser puestos en libertad con inmediatez”.

Larrondo también advirtió que “mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladímir Putin, los Castro, Irán… Este es el tipo de modelo que le quieren imponer a Europa en Ucrania”.

El Gobierno de Cuba “debería indemnizar a las víctimas de privación de libertad arbitraria” y “por las atrocidades sufridas por ellas en prisión, y también por sus familiares”, añadió el presidente de PD.

En la presentación de la denuncia, a la que también asistieron el eurodiputado Javier Nart; Fernando Almeyda, coordinador legal de Prisoners Defenders; Giulio Terzi, senador de la República Italiana, y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, se aprovechó la ocasión para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político entre Bruselas y La Habana, e incluso pedir su derogación.

Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, calificó como un “sarcasmo” que con su historial el régimen cubano busque la reelección en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.