Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra, jóvenes guantanameros que penetraron ilegalmente en la Base Naval de EEUU y fueron devueltos a territorio nacional, fueron condenados este viernes a más de un año de cárcel en un juicio amañado, denunciaron familiares a Radio Martí.
"No se respetó el juicio, metieron mentiras, en ningún momento había guardias cuando ellos intentaron irse", dijo Lisbet Téllez Ruiz, hermana de Sánchez Ruiz.
Téllez Ruiz recordó que las autoridades habían solicitado a los familiares que entregaran la ropa de los encausados para averiguar en una prueba de olor por dónde habían penetrado hacia la Base Naval, "porque ellos mismos no saben por dónde se fueron".
Sánchez Ruiz recibió una sentencia de un año y tres meses de prisión, mientras que Estrada Gorra deberá cumplir un año y un mes de privación de libertad, señaló Téllez Ruiz, por encima de la petición fiscal.
La joven, que presenció el juicio, dijo que al abogado defensor "no lo dejaban ni hablar, y el testigo era un supuesto que estaba ese día ahí (en el lugar de la detención), que nunca estuvo".
Según Téllez Ruiz, su hermano explicó al presidente del jurado que el día de la fuga no había guardias custodiando el lugar por donde entraron a las instalaciones militares estadounidenses, ni tampoco carteles que explicaran que estaban en zona militar y no se podía pasar.
"Todo eso lo pusieron después (...) que todo el mundo en Caimanera lo vio", dijo la joven en referencia a la instalación, días después de la detención de los jóvenes, de luces y señales en el lugar donde ocurrieron los hechos.
La esposa de Sánchez Ruiz, Yuliet Yero, dijo que "los errores que cometieron los militares, que no estaban en su lugar de posta, que no tenían señalizaciones (...) después que pasó el hecho lo arreglaron para poder inculparlos a ellos".
Yero dijo que apelaran la sentencia, una petición que deben entregar antes del 3 de mayo próximo.
El artículo de "desobediencia" dentro del Código Militar cubano contempla condenas de tres meses a un año de privación de libertad o multas con cuotas de 300 a 1.000 pesos.
