Este 13 de abril comienza la extensión de la cuarentena por 30 días ordenada por Nicolás Maduro, para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En el mes que acaba de finalizar se han visto protestas de venezolanos en contra de migrantes que regresan al país por temor a que traigan la infección y también denuncias de pacientes que indican cómo a sus familiares se les ha maltratado por el vínculo que los une con alguien que tiene COVID-19.
El pasado 10 de abril un hombre que se contagió de coronavirus en Araya, estado Sucre, ubicado en el oriente de Venezuela, denunció que su familia fue víctima de agresiones verbales por parte de los habitantes de la comunidad de Ensal, comunidad en la que residen. La información fue publicada por El Pitazo.
El joven, quien se encuentra aislado y recibiendo tratamiento médico en un centro de salud, indicó que hombres y mujeres que residen en la calle donde vive insultaron, señalaron y empujaron a su esposa e hija de cuatro años, por compartir la casa con él, quien se contagió de COVID-19 el pasado mes de marzo.
Según el paciente, luego que las autoridades sanitarias le confirmaron que se había contagiado de coronavirus, sus familiares fueron aislados, pero en medio de la cuarentena tuvieron que salir porque necesitaban entregar a los miembros del consejo comunal de su sector la confirmación de la transferencia bancaria del pago de la bombona de gas. Cuando salieron, iniciaron los maltratos.
Siguen las protestas contra los migrantes
La misma realidad de rechazo en contra de contagiados o posibles contagiados se está llevando a cabo en el estado Táchira.
Muchos venezolanos que salieron en los últimos años del país en búsqueda de mejores condiciones económicas han sido obligados por la crisis del coronavirus a regresar a Venezuela, pues en el país no pagan arriendo y los servicios públicos son casi gratuitos. Sin embargo, estos ciudadanos no han recibido un trato adecuado ni del Estado ni tampoco de los habitantes de su mismo país, quienes temen que los retornados hayan regresado con la COVID-19 y puedan propagar el virus en la nación donde hasta este 13 de abril se habían confirmado 185 casos y nueve muertos.
Freddy Bernal, delegado político de Nicolás Maduro en Táchira, informó este lunes que al menos 5 mil 790 migrantes venezolanos habían regresado al país y habían sido alojados en 10 refugios ubicados en distintas localidades del estado.
Los habitantes del Táchira en los últimos días han desarrollado protestas por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de ubicar a los migrantes en este estado. Aseguran que el Táchira padece cortes eléctricos diarios de mínimo seis horas, el servicio de agua no es continuo, y el único hospital centinela del estado, el Hospital Central de San Cristóbal, no tiene insumos y medicamentos suficientes para la población.
Desde el viernes 11 de marzo, moradores de la capital del estado, San Cristóbal, organizaron protestas y vigilias durante el día y la noche para no permitir que escuelas o canchas de sus sectores fueran usadas como refugios. En algunos municipios soldaron las entradas y portones de escuelas y universidades.
Freddy Bernal informó la mañana de este 13 de abril que por presidir esas protestas, y por ser la imagen de videos llamando a las calles para no permitir el ingreso de migrantes venezolanos, en los últimos tres días fueron detenidas cinco personas en el estado Táchira por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Según Bernal, estos ciudadanos serán presentados ante tribunales por el delito de instigación al odio.
“Se les aplicará todo el peso de la ley del odio, por llamar a la violencia, instigación al odio, a pelearse, a matarse entre venezolanos, y odio entre connacionales. He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos, ya usted no verá esos videos, porque están en la cárcel, no lo vamos a permitir. No es tiempo de guarimba, no es tiempo de payaseo, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía”, indicó el delegado de Maduro.
Bernal también señaló que 15 migrantes han sido detenidos por funcionarios militares, por cometer delitos en los refugios en los que fueron asignados. Recordó que estos lugares tienen normas de convivencia que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional están encargados de hacer cumplir.
