El régimen de Nicolás Maduro no cree en pandemias ni cuarentenas. Desde el inicio en el país del confinamiento al que ha obligado el coronavirus, el 17 de marzo, y hasta el pasado 23 de abril, sus fuerzas represivas han arrestado a 70 personas por motivos políticos, según datos del Foro Penal.
De acuerdo con esa organización de defensa de los Derechos Humanos y testimonios de familiares de los propios detenidos recogidos por el diario venezolano El Nacional, la dictadura ha aprovechado la pandemia para perseguir y reprimir más a los opositores y desafectos del régimen, así como para incrementar sus prácticas de traslados ilegales y torturas psicológicas.
Por si fuera poco, una vez detenidos por motivos políticos, los opositores y la mayoría de los presos son recluidos en condiciones muy precarias, “hacinados en celdas de hasta 2x2 metros, sin acceso a agua potable, a una alimentación equilibrada ni a atención médica”, señala Infobae.
“Los presos políticos están en un estado de total vulnerabilidad. Están en lugares sucios, donde la comida es deficiente, no hay medicinas y ni agua. No le dan implementos de limpieza ni de aseo personal”, afirmó la activista y hermana del preso Vasco Da Costa, Ana María Da Costa.
De acuerdo con Infobae, el incremento de las detenciones estaría motivado a ojos del régimen en el intento de golpe de Estado que denunció en marzo, así como en las informaciones reveladas por comunicadores sociales y profesionales de la salud sobre el coronavirus y la precaria situación del país.
Así lo considera también el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, quien afirmó que “se han producido centenares de retenciones de personas que son acusadas de incumplir la cuarentena, lo cual en la generalidad de los casos no tiene base legal”, sino que es utilizado como pretexto para “impedir la defensa de los detenidos y violar más el debido proceso”.
En su último balance, del 20 de abril, Foro Penal dio cuenta de 39 presos políticos y 15 mil 328 arrestos desde 2014. Pese a que la ONU ha definido a la población penal como grupo vulnerable ante la propagación de la COVID-19, el régimen venezolano no parece contemplar amnistías o condenas alternativas como arrestos domiciliarios para prevenir más contagios.
