Activistas de derechos humanos de El Salvador temen que el llamado al uso de la "fuerza letal" del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas provoque una respuesta violenta de estas bandas, lo que podría generar un aumento de asesinatos, y ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad.
De acuerdo con David Morales, exprocurador de derechos humanos, las medidas adoptadas por Bukele ante el alza de asesinatos "no representan ninguna iniciativa novedosa en El Salvador" y, en el pasado, han llevado a recrudecer la violencia.
"Es lamentable que el presidente Bukele esté repitiendo este esquema tan fracasado y que ha generado tanto dolor en el pasado y que ha demostrado no tener efectividad", dijo Morales a Efe.
Morales se refirió así a las políticas de “mano dura” impulsadas por los gobiernos pasados, pero que no lograron aliviar el fenómeno pandilleril en el país centroamericano, donde operan dos de las pandillas más violentas del mundo: la Mara Salvarucha MS-13, y el Barrio 18, las que en conjunto conforman un ejército de jóvenes urbanos pobres de entre 60.000 y 70.000 miembros.
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De acuerdo con datos oficiales, en el país centroamericano, considerado como uno de los más violentos del mundo, se registraron entre el viernes y domingo 58 homicidios.
Ante el aumento de asesinatos, que rompe con la tendencia registrada durante el actual gobierno, Bukele llamó a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para defenderse y proteger a los ciudadanos.
Además, ordenó recrudecer el régimen de seguridad de las prisiones, por lo que el lunes fueron selladas con placas metálicas las celdas de unos 16.000 pandilleros.
Según el Ejecutivo, estos presidiarios transmitieron las órdenes de aumentar las muertes violentas desde el interior de las prisiones con señales codificadas y estas las llevaron al exterior presos liberados.
Morales, director de Derechos Humanos de la organización centroamericana Cristosal, señaló que estas medidas también "han generado respuestas más violentas de parte de la delincuencia, inclusive cadenas de venganza" que han afectado a los familiares de policías y soldados.
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Según investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, agentes de la Policía "ejecutaron" al menos a 116 personas entre los años 2014 y 2018.
El subdirector del Idhuca también llamó a organismos internacionales a vigilar que la crisis sanitaria por la COVID-19 no derive en una "crisis político social" en la que el Gobierno pretenda actuar "sin ningún tipo de control".
David Morales subrayó que "es muy importante la vigilancia internacional" sobre la situación que vive el país ante el "escenario de autoritarismo que se está desarrollando en El Salvador".
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, comparó el lunes al presidente Bukele con un "caudillo" y alertó del riesgo de que convierta al país centroamericano "en otra dictadura latinoamericana".
(Con información de Efe)