El periódico estatal Guerrillero, perteneciente a la provincia de Pinar del Río, dio a conocer este 14 de mayo que al corte de la semana anterior 24 personas resultaron sancionadas en ese territorio por diferentes actos delictivos relacionados con la crisis generada por el nuevo coronavirus, 21 de ellas con privación de libertad.
La información llegó de parte de Lázaro Guzmán Díaz, fiscal jefe en Pinar del Río, quien en declaraciones realizadas por vía telefónica a Radio Guamá, explicó que "el 60 por ciento de los casos operados en el territorio responden al delito de propagación de epidemia, impuesto ante violaciones de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, de cara a evitar la expansión de la COVID-19".
El fiscal jefe explicó que en la tercera línea, que agrupa atentados, desacato, resistencia y desobediencia, se produjeron ataques físicos con diferentes objetos contra las autoridades policiales que organizan las colas, entre ellos sombrillas, y se cometieron además delitos de atentados por dos personas, las cuales en estos momentos permanecen en prisión provisional y también por acciones en contra de la economía.
Mencionó algunos hechos vinculados a la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, e incluso con el traslado de estas a establecimientos públicos, e incluyó los casos de aquellos que fueron sancionados por la realización de fiestas familiares y celebraciones en las que participaron menores de edad.
Explicó que todas las disposiciones están encaminadas al cumplimiento de las medidas dispuestas por Salud Pública, reconocida con el rango de autoridad sanitaria por la ley 41 y el reglamento establecido al respecto.
Guzmán dijo que algunas personas fueron sancionadas por abandonar los centros de aislamiento y otras que estando aisladas en el hogar, fundamentalmente viajeros, "organizaron fiestas, salieron a pasear con los amigos a las calles, ignorando el riesgo al cual se someten y exponen a los demás".
"Precisó que existe una segunda línea de enfrentamiento que responde a los delitos vinculados con la economía y una tercera dirigida a quienes atentan contra la autoridad en el ejercicio de su labor", escribió Guerrillero en su artículo.
Referente a las violaciones en perjuicio de la economía, dijo que se registran 50 casos, y de estos los más comunes son la especulación y el acaparamiento de productos vendidos en la red de comercio para después revenderlos ilegalmente y a precios excesivos.
