La promesa del régimen cubano de que pese a los impactos de la contingencia sanitaria aprobaría en noviembre una política de bienestar animal, como está previsto en el calendario legislativo hasta 2022 publicado en la Gaceta Oficial de Cuba en enero pasado, causó polémica en las redes sociales por la exclusión del equipo que la elabora, aparentemente de manera deliberada, de destacados activistas animalistas.
Una de las excluidas fue la joven Beatriz Batista, activista por el bienestar y los derechos de los animales que ha tenido un rol activo en las denuncias a los métodos de trabajo de la estatal Zoonosis con los animales callejeros y en la promoción de las demandas del movimiento animalista en Cuba.
“Exijo públicamente que se me incluya en Grupo de Trabajo de Sanidad Animal durante el proceso de elaboración de la Política de Bienestar Animal”, escribió el viernes Batista en su perfil de Facebook, luego de que dicho grupo justificase la exclusión de los activistas en el hecho de que en Cuba no se reconoce oficialmente su movimiento.
En respuesta a una animalista, usuaria de la referida red social, que cuestionó la ausencia en el Grupo de Trabajo de Sanidad Animal de los animalistas que exigen y reclaman la Ley de Protección Animal, así como la inclusión de la ONG reconocida oficialmente Aniplant, que no ha participado de los reclamos, el Grupo afirmó sin miramientos que “en nuestro país no se reconoce tal movimiento animalista” y que la ONG reconocida es la incluida.
Ante ello, muchos animalistas alzaron su voz y demandaron ser reconocidos para la elaboración de la ley, dado que son ellos quienes realmente han defendido el bienestar y derecho de los animales en la isla.
“¿Cómo no se va a reconocer el Movimiento Animalista, si somos los que lo exigimos? ¿Dónde levantó la voz Aniplant, ONG legal? El movimiento animalista sí se tiene que reconocer o quién creen que somos para que nos ignoren”, escribió la también activista por la causa animal Odalis Jaramillo.
Según declaró a la estatal Agencia Cubana de Noticias el director general del estatal Centro Nacional de Sanidad Animal, Yobani Gutiérrez, el Grupo de Trabajo que elabora la política a aprobar en noviembre está integrado por 42 personas, entre las que hay especialistas del sector estatal y miembros de asociaciones de protección de los animales.
Si bien en su cuenta de Facebook el grupo facilitó canales de comunicación para recabar opiniones de todos los interesados y defensores del bienestar animal, la exclusión de los animalistas resulta insultante y contraproducente.
Son ellos quienes han defendido a los animales desde hace años, en contraste con el silencio y la tolerancia oficial, así como de la poco conocida ONG “legal”.
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La exigencia de Batista y otros activistas es legítima. No basta con que se prometan desde ahora reformas al Código Penal para castigar con penas más severas los casos de maltrato animal. El enfoque de la política debe ser integral y no quedar limitado a retoques o maquillajes que no tributen a resolver las cuestiones de fondo que hasta cierto punto hacen del maltrato un hecho cotidiano en Cuba.
Difícilmente ello se logre con las aportaciones sólo de elementos estatales y de una organización de la sociedad civil plegada plenamente al oficialismo. Los auténticos activistas de la sociedad civil deberían participar de manera protagónica, como reclaman en las redes sociales, aunque dada la naturaleza del régimen cubano las mayores probabilidades seguirán apuntando a su exclusión.