Ante el nuevo informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet donde se reseñan las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el gobierno argentino presidido por Alberto Fernández, instó al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU y pidió además, elecciones justas y creíbles en la nación caribeña.
“Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”, inició su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.
“Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la Alta Comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”, añadió el diplomático.
Villegas enfatizó que “nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”.
Por último, el Embajador de Argentina sostuvo: “Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este consejo”.
“Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con este consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar implementando la cooperación con su oficina”, concluyó.
Mineros venezolanos sometidos a graves abusos y violencias
El documento presentado hoy por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la ONU refiere que “los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016”.
La investigación incluye también que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.
Bachelet puntualizó que “a pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”.
El informe indica además que esos “sindicatos” aplican castigos crueles “a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”. Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.
Los mineros viven en zonas sin electricidad, servicios sanitarios o agua corriente, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no solo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas tomar medidas urgentes para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
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Deterioro de la Justicia
Otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, también fueron evaluadas en la ONU, como por ejemplo lo relacionado a su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento “se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas”.
“La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad”, denunció el informe.
Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.
“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos“, concluyó Bachelet.
