El congresista republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart, considera que el régimen cubano y otras dictaduras aliadas de Latinoamérica “no sobreviven otros 4 años de Trump, están rezando para que pierda”.
En entrevista con Voz de América (VOA), el político de origen cubano dijo que “no solamente en Venezuela: el régimen en Cuba, en Nicaragua, están rezando, aunque no son personas que rezan, [para] que pierda el presidente Trump. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que el régimen de Venezuela, igual que el de La Habana y el de Nicaragua, en Managua, no sobreviven otros cuatro años del presidente Trump, por la actitud de ayuda, de solidaridad con esos pueblos del presidente Trump”.
Mario Díaz-Balart afirma que la del mandatario actual ha sido “una actitud totalmente distinta a la que existió con el presidente Obama y cuando estaba el señor Biden también en el poder…”
Considera que el ahora candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, en su papel de vicepresidente de Obama, hizo “todo lo posible” para dar “legitimidad y ayudar y negociar” con estos gobiernos autoritarios, refiriéndose sobre todo al de Maduro, aunque algo similar ocurrió con los Castro.
“Estas dictaduras (…) están haciendo todo lo posible para sobrevivir solamente hasta que vengan las elecciones de Estados Unidos, esperando que haya un cambio y que una nueva administración –una administración de Biden–, como él hizo cuando estaba en la Casa Blanca los ayude, que pare la presión y comience un proceso de darles legitimidad y ayuda…”, aseguró el congresista republicano.
Asimismo, agregó que Joe Biden, junto al mandatario Barack Obama, en la administración anterior, quitaron al régimen cubano de la lista de estados terroristas “para ayudarlos, para darles legitimidad a pesar de que [los castristas] no cambiaron lo que estaban haciendo”.
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“Ambos [Cuba y Venezuela] deben estar en esa lista de estados terroristas y si no hay un cambio de administración en la Casa Blanca yo creo que esos países vienen y hay otros, más presión, más solidaridad con el pueblo y con la causa de la libertad”, agregó en la entrevista con VOA Noticias.
Desde mediados de mayo de este año, el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista de países sospechosos de colaborar con el terrorismo, una medida que prohíbe la venta de armas a esa nación y que también se aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.
El texto de la institución estadounidense dice que el gobierno castrista “no cooperó completamente” con Estados Unidos en sus esfuerzos antiterroristas en 2019. El Departamento de Estado alega varios hechos para tomar esta decisión.
Los miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusado por Washington de estar relacionado con el terrorismo y el narcotráfico, permanecieron en La Habana desde 2017 hasta 2019, luego de participar en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que viven en La Habana después de que el grupo se responsabilizara por el bombardeo de una academia de policía en Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60 personas.
“La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia en asegurar paz, seguridad y justicia duradera para su gente”, detalla el comunicado.
Además, Cuba alberga a varios prófugos estadounidenses de la justicia buscados por cargos de violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a devolver a Joanne Chesimard, quien fue condenada por matar al soldado estatal de Nueva Jersey Werner Foerster en 1973. El gobierno cubano proporciona vivienda, alimentos y atención médica a estas personas.
Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 2015, cuando el gobierno del entonces presidente Barack Obama retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo en el contexto del proceso de deshielo bilateral.
Cuba estaba incluida en la “lista negra” –elaborada anualmente por el Departamento de Estado– desde 1982. Hasta su retiro, Washington argumentaba que la isla había servido de refugio a miembros del grupo separatista y terrorista vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses.
