En los últimos meses llegaron a la prensa oficialista disímiles denuncias realizadas por discapacitados a lo largo del país, luego de haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de funcionarios del Estado.
Este 14 de septiembre el periódico oficialista Juventud Rebelde dio acuse de recibo a una carta de José Antonio Bravo Monzón, un discapacitado de más de 60 años que escribió para denunciar que en la sede de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim) en el municipio Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, no lo quieren aceptar como miembro.
Bravo Monzón, quien reside en edificio 4, apto. 4, Zona de Desarrollo de Yaguajay, Sancti Spíritus, relata en su carta que en julio de 2018 producto de un accidente con su bicicleta, sufrió la desviación de una vértebra de la cervical, lo cual le paralizó el lado derecho del cuerpo.
Debido a ello, estuvo ingresado más de 40 días en la sala de Neurocirugía del hospital provincial Camilo Cienfuegos, donde fue sometido a intervención quirúrgica.
Al recibir el alta médica comenzó la recuperación en la sala de Fisioterapia del policlínico de Yaguajay, y desde entonces hasta esta fecha, ha recuperado el 70 % de las funciones de la mano y el pie derecho, pero aún depende de la muleta para caminar, pues pierde el equilibrio por momentos. Además, no puede permanecer mucho tiempo de pie, ni cargar pesos de más de cinco libras.
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Explica que en cuanto pudo se presentó en la sede de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores en el municipio para solicitar su ingreso en ella, pero le negaron la membresía y, como excusa, le dijeron que en esa organización no se admitían personas con más de 60 años, algo que respondía a una indicación de la Dirección Nacional de la Aclifim.
José Antonio manifiesta su inconformidad con la respuesta que le dieron basándose en el artículo 89 de la Constitución que rige en el país, el cual expresa que: "El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social".
