Sulema Menéndez y su hijo Samuel Ponce— de 1 año y 10 meses de edad—, viven en la calle en Cuba.
Antes que el niño naciera, el Consejo de Administración Municipal (CAM) de Playa aprobó una capacidad de albergue para ella, pero después de algunos cambios de personal en la estructura del gobierno local, se perdió el expediente de este caso social.
Durante su etapa de gestación, Sulema estuvo en una Iglesia que la acogió, un Hogar Materno de Salud Pública y el hospital en el que intentó extender su estancia.
“Tuve un embarazo de riesgo por la hemoglobina baja, la edad y la situación social en que me encontraba”, cuenta a ADN CUBA.
El “caso del niño Samuel” es conocido entre los funcionarios del municipio Playa, pero la pérdida del documento que aprobaría su entrada en un albergue mantiene pendiente la solución del problema.
Sulema se encuentra en un espiral burocrático que asciende desde el propio gobierno local, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, las direcciones municipales de Albergue, Vivienda, Construcción, Asamblea del Poder Popular, hasta el Consejo de Estado, o incluso el CENESEX, en búsqueda desesperada de la influencia política de Mariela Castro.
Al pasar más de un año de promesas y “peloteo”, Bárbara Martínez Abad, madre de Sulema, manifiesta su total decepción con el sistema de protección social cubano.
“Nos sentimos engañadas, te mandan a ver a una persona, esa te envía a otra y otra. Después de recorrer todos los sitios nadie dice nada concreto. Cuando aprobaron la capacidad, orientaron que debía resolverse en 72 horas; en Albergues me dijeron que debía esperar la existencia de la capacidad (…); pero los años pasan y la situación se agrava porque el niño esta creciendo y se enferma con mucha frecuencia”— comentó Bárbara, quien tampoco tiene una vivienda propia y vive en la casa de su pareja actual.
En una nota firmada y acuñada por Reidel Rodríguez, subdirector de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, a la actual directora municipal de Albergues, el funcionario testifica haber entregado el acuerdo a la directora anterior:
“A Marlen le entregué yo el expediente del niño Samuel con el acuerdo del CAM y la aprobación de Michel, que en aquel entonces era Vicepresidente Provincial de la Construcción”— dice la nota.
ADN CUBA contactó vía telefónica con Yeisi Padrón, actual directora de la Dirección Municipal de Albergues, quien negó tener el documento en su poder.
“Dice ella (Bárbara Martínez) y el subdirector de trabajo, que se lo entregaron a Marlen, quien en su momento fue la directora de Albergue. Pero no entiendo, porque los directores de Albergue no deben tener esos tipos de expedientes”— dijo la funcionaria, y agregó que los casos sociales no se tramitan en esas oficinas, sino en la Dirección Municipal de Vivienda.
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“Antes que sustituyeran a la antigua directora, las dos me dijeron que se transformaría una escuela en albergue por la zona de Santa Fe, eso resolvería nuestra situación (…). ¿Cómo ahora dice que no tienen conocimiento...? Todo es una mentira, lo que perdieron o vendieron es un acuerdo del gobierno para autorizar el albergue”— considera Bárbara.
La prolongada indiferencia de los funcionarios provocó que Sulema abandonara la escuela pedagógica donde estudiaba. La inestabilidad de la joven que comenzó a dormir en casas de amistades, parques y terminales de ómnibus, pudo más que sus deseos de terminar los estudios.
“En ocasiones el niño encuentra refugio en la casa de alguna amistad o en la vivienda donde reside el padre, declarada en peligro de derrumbe”, cuenta la muchacha.
“TE PODEMOS QUITAR A TU HIJO”
La insistencia de Sulema y Bárbara en que se cumpla el acuerdo de entregarle una capacidad de albergue ha generado molestias entre los funcionarios municipales, quienes— según narran ellas—, utilizan la intimidación como forma de contenerlas.
“En el gobierno me amenazan con quitarme al niño si no tengo donde vivir”, dice Sulema, y añade que también la amenazan con encarcelarla.
“Utilizan chantaje, si seguimos reclamando ellos me quitan al niño y voy presa”.
“Pensábamos que reclamando al Consejo de Estado las cosas iban a mejorar— dice Bárbara— y ellos nos pidieron que lleváramos el acuerdo del CAM, pero la pérdida del documento es la raíz del problema. Ahora cada vez que llegamos a algún lugar escuchamos decir que los tenemos cansados”.
LEGADO GENERACIONAL
En el 2018, durante una reunión de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción aseguró que el país necesitaba “un crecimiento de 52 mil 321 viviendas para dar respuesta a la diversidad de generaciones conviviendo y estimular la natalidad”.
Desde que Sulema nació su derecho a una vivienda adecuada se subordinó a la convivencia de su madre con la familia paterna, que se quebró antes que la niña alcanzara los 5 años.
Con apenas 20 años, la joven legó el problema social a su hijo, como una herencia que la abuela arrastró desde la adolescencia.
En 1985, Bárbara Martínez, de 49 años, emigró desde la zona oriental a La Habana. Quería continuar sus estudios y abrirse paso en la capital. Durante los primeros años se alojó en la casa de un familiar, pero los esfuerzos por independizarse no dieron buenos resultados.
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La falta de viviendas en el país es uno de los problemas que más afecta a los cubanos actualmente. En respuesta a un déficit de casi un millón de inmuebles, el gobierno intenta llevar a cabo una estrategia que promete resolver el problema en 10 años.
El ministro de la Construcción reconoció recientemente que el gobierno debería aprovechar cerca de 14 mil locales estatales, que están vacíos, y convertirlos en casas para atenuar un poco el panorama.
Asimismo, el presidente Miguel Díaz- Canel ha prometido atender el déficit habitacional de forma inmediata, construyendo una vivienda diaria por municipio.
Pero se trata de un plan cuestionable, pues según estadísticas oficiales, el 39% de las edificaciones de la Isla están clasificadas en estado constructivo malo o regular. Este deterioro progresivo pronostica pérdidas continuas y un aumento de la demanda de la población.
Sulema y su hijo Samuel, por ejemplo, no pueden esperar por las soluciones milagrosas que promete el gobierno; necesitan ahora mismo del amparo del Estado cubano. Necesitan un techo sobre sus cabezas.
