Los casos de maltrato infantil en Cuba parecen tender al alza en un contexto de aguda crisis económica y una escasez cuyo fin no se vislumbra sin las profundas transformaciones que la economía de la isla precisa, y que el régimen se niega a emprender, así como de una profunda inercia gubernamental.
Si bien no puede cuantificarse con exactitud el potencial aumento, dada la opacidad de las autoridades cubanas al manejar cifras sobre fenómenos socioeconómicos que ponen en entredicho la pretendida armonía del país bajo el sistema totalitario, el incremento de denuncias públicas sobre casos de maltratos contra niños ha reposicionado el tema en la agenda pública y obliga a prestar más atención a lo poco que se informa oficialmente al respecto.
Casos denunciados públicamente, incoherencias denigrantes
En los últimos meses ADN Cuba ha expuesto denuncias sobre casos de maltrato infantil, uno de los cuales, afortunadamente, conllevó a un cambio de situación para el menor víctima.
Fue el caso del nieto de Nelsido Ginarte e Irene Alonso, abuelos que denunciaron la pasada semana en esta revista el maltrato al que era sometido el mismo, apenas un bebé, así como la inacción de las autoridades policiales.
Tras la exposición del caso y la ayuda de la activista Diasniurka Salcedo, quien ayudó a que los familiares se trasladaran a una unidad policial en Bauta, donde correspondía hacer la denuncia legal, los abuelos finalmente obtuvieron la custodia del pequeño.
Es válido aclarar que, luego de tratar sin resultados positivos que las autoridades del régimen y sus medios de prensa estatales intercedieran por la salud del niño, solo con la colaboración de activistas por los derechos humanos y la prensa independiente –que se hizo eco del trabajo de ADN Cuba–, se pudo obtener justicia.
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Nelsido e Irene, residentes en Jaimanitas, habían denunciado con insistencia la terrible situación que padecía su nieto Daniel Alejandro Infante Guinarte, de solo un año de edad, quien era víctima de maltratos físicos por parte de su madre (hija de los denunciantes) y su padrastro, en un caserío del barrio Cangrejera, municipio Bauta.
Según detallaron, hicieron por quitarle al menor a su hija para salvaguardarlo bajo su custodia, pero la madre y el padrastro se negaron. “Creo que lo odian”, fueron algunas de las expresiones de la abuela adolorida, mientras Nelsido expresó a ADN Cuba que denunciaron el caso en la estación de policía de Siboney, pero allí les dijeron que ese problema pertenecía a la jurisdicción de Bauta, que debían esperar ocho días, el tiempo requerido para ese trámite, porque en aquel momento no contaban con autos patrulleros disponibles para trasladar la denuncia a esa localidad, perteneciente a la provincia Artemisa.
En ese momento el abuelo expresó: “No entendemos que, en un caso como este, donde peligra la vida de un niño, el Estado no tome las medidas urgentes. Nosotros tememos por la vida de nuestro nieto. Estamos cansados de ir de un lado a otro buscando que el gobierno tome cartas en este asunto, por eso tuvimos que recurrir a la prensa independiente y a los activistas de derechos humanos, para ver si así, el gobierno y la policía despiertan y hace algo para salvar a mi nieto”.
Históricamente, la propaganda del régimen que se dice “revolucionario” ha enarbolado como una de sus banderas fundamentales la supuesta protección a los derechos fundamentales del menor. Repiten el slogan de que “Nada hay más importante que un niño”, o divulgan rostros de infantes satisfechos y presuntamente “felices” en pancartas públicas, en los medios oficialistas impresos y en la radio y la televisión estatal.
Sin embargo, la excusa de que no haya suficientes patrulleros para interponer una denuncia tan importante, cuando a diario abundan en torno a los domicilios de cubanos que piensan distinto a lo que pretende el régimen y se pronuncian contra sus violaciones a derechos y libertades, evidencia que más que carencia o escasez de combustible para hacer funcionar un sistema integral de protección a la infancia se trata de prioridades.
Para el régimen resultan más urgentes los presuntos delitos de activistas, opositores o disidentes, que aquellos que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los que el Apóstol cubano de la independencia de Cuba, José Martí, refirió como “la esperanza del mundo”.
El caso de Daniel Alejandro va teniendo un feliz término al ya estar bajo la custodia de sus abuelos. Sin embargo, no es único y hasta cierto punto puede calificarse de excepcional por la prontitud con la que se resolvió.
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A finales de mayo, el abuelo cubano Humberto Blanco, residente en Artemisa, denunció el maltrato al que estaban siendo sometidos sus nietos menores de edad. En los videos compartidos por él aparecía la madre de los niños, Naima González López, abusando de ellos.
De acuerdo con la denuncia, la mujer los sometía a mucha presión, maltrato y abusos psicológicos, al punto de que los niños han estado ingresados con fracturas. Supuestamente la hembra tenía condiloma y el varoncito había sufrido de serias heridas.
Sobre el seguimiento o solución a este caso ADN Cuba no ha tenido mayores novedades. Por sí mismo, y en conjunto con el anterior y muchos otros, denota la lentitud de las instituciones oficiales para proceder contra padres o familiares abusivos, y en favor de los niños víctimas.
Dicha inercia, que va en detrimento también de otros sectores vulnerables como mujeres y ancianos, amenaza con que el problema crezca. Las familias disfuncionales son en gran parte consecuencia de condiciones socioeconómicas de precariedad y el futuro no se va promisorio en la isla bajo sus actuales esquemas de desarrollo.
Compromisos contraídos y números que “sonrojan”
El régimen y sus instituciones presumen de tener un sistema integral de prevención para cuidar la infancia. Sin embargo, hechos puntuales e incluso estadísticas oficiales ponen en entredicho la amplitud y calidad de su cobertura.
Para la ONU y su organización abocada al cuidado de los infantes, la Unicef, “el Estado cubano ha mostrado una fuerte voluntad política para garantizar el adecuado desarrollo y bienestar de su infancia. Distintos datos e investigaciones muestran el alto nivel de protección y desarrollo que poseen los niños, niñas y adolescentes de la isla especialmente en relación con la cobertura educativa y la atención a la salud materno-infantil”.
En Cuba la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) entró en vigor el 20 de septiembre de 1991. Al ser estado firmante de la misma, se espera que en la isla existan y se cumplan firmemente “medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (Artículo 19 de la CDN).
Y no es que en Cuba no existan. Formalmente, la legislación cubana es coherente con todo lo consensuado y demandado a nivel internacional para la protección a la infancia. Los problemas se dan en la práctica, cuando toca velar por el cumplimiento de las leyes y dar curso legal o atención a los casos de maltrato infantil que se van produciendo.
En 2018, el artículo “Caracterización del maltrato infantil en familias disfuncionales del Policlínico Ana Betancourt, enero a junio de 2017”, publicado en la Revista Habanera de Ciencias Médicas, concluyó que el abuso o castigo físico están entre las principales formas de maltrato infantil intrafamiliar en la isla.
Si bien el hallazgo aplica directamente para la muestra estudiada, 24 familias disfuncionales del municipio habanero Playa, los casos expuestos más arriba de Artemisa, así como otros de distintas provincias, sugieren que el maltrato infantil es una realidad que se niega a desaparecer en toda Cuba.
La referida investigación también constató un daño psíquico permanente en todos los menores que viven en hogares disfuncionales, donde son castigados con golpes propiciados mayormente con las manos, pero también con zapatos o chancletas, y correas o cintos.
Los autores del estudio, citados por la agencia IPS, cuestionaron que hubiera “un grado notable de subregistro para el fenómeno del maltrato infantil” en la localidad analizada, pese a que se apreció un aumento del número de familias disfuncionales.
Reconocieron que el flagelo fue abolido en el país en términos generales, pero concluyeron que “persisten formas particulares del síndrome de maltrato infantil, cuya solución depende del conocimiento que se tenga de cada síndrome, de la conciencia que se haga al respecto y el apoyo social que se les brinde a las familias en crisis”.
Los investigadores además instaron a caracterizar la situación real del maltrato infantil en el contexto doméstico-familiar cubano, algo que, dijeron, “ayudará a entender más claramente el problema, y con ello desarrollar acciones preventivas y de intervención que, a su vez, permitan, a mediano o largo plazos, el mantenimiento de la armonía en nuestros hogares”.
No se tienen certezas claras sobre el impacto de éste y otros estudios similares en el cuidado a los niños en Cuba. Las estadísticas más claras al respecto que ofrece el régimen se recogen en su informe anual sobre “la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas”, que en la edición correspondiente a 2019 cifró en 24 por ciento el aumento de abusos sexuales contra menores en la isla desde 2016 hasta el citado año.
El régimen fue inusualmente honesto y calificó el aumento como “una cruda realidad”, en la que el abuso lascivo, la corrupción de menores y la violación fueron los delitos con mayor incidencia.
Según las estadísticas contenidas en el documento, el aumento de la incidencia del abuso sexual infantil en los últimos años se debió en gran parte al incremento en los casos de ultraje sexual, corrupción de menores y pederastia, con elevaciones de un 50, 47 y 30 por ciento, respectivamente.
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Por su objetivo, el informe se enfoca mayormente en casos de abuso o maltrato con una connotación sexual, una arista muy importante, pero no la única asociada al maltrato infantil.
En el país aún muchos ven como algo natural propinar golpizas a niños “majaderos”, “berrinchosos” o que se “portan mal”, sin contemplar el diálogo o la negociación como alternativas más enriquecedoras y educativas.
Estudios dirigidos al análisis del carácter intergeneracional de la violencia han recabado evidencia que apunta a que las niñas víctimas de maltrato en sus hogares son más propensas a aceptar la violencia como un componente normal de su vida matrimonial futura, mientras que los niños víctimas son más proclives a en el futuro ser violentos en sus relaciones de pareja y familiares.
Por tanto, el asunto del maltrato no es sólo cuestión de presente. Impacta también en los destinos de la sociedad cubana, una gran familia que puede tender a una disfuncionalidad creciente ante el empeoramiento progresivo de su calidad de vida.
Urge mayor prontitud del régimen y sus instituciones relacionadas con la niñez en la atención a todos los casos que se vayan produciendo. Lamentablemente, no todos los abusados corren con la suerte de Daniel Alejandro y son separados de sus abusadores, ni todos los ciudadanos denuncian con la vehemencia de los abuelos de éste, al punto de obligar a la policía y las instancias judiciales a actuar.
Muchos son los problemas de Cuba, pero el cuidado de la niñez tiene que ser una tarea permanente e impostergable en cualquier país. En el caso de la isla, debería ser, al menos, más prioritaria que la represión a los desafectos del régimen, labor en la que a diario se gastan recursos para precisamente maltratar y violentar a otros ciudadanos.
