Tras el declive casi total de la economía del país durante los meses de lucha contra la pandemia de COVID-19, la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba ha decidido cortarle el servicio a más de 8 000 ciudadanos de esa provincia, incapaces de cumplir con el pago.
Según un reporte del periódico local, la entidad decidió posponer los pagos durante los meses más duros de la pandemia en la isla y acumula hasta septiembre una deuda “que supera los 6.9 millones de pesos en el sector residencial y medio millón en el estatal”.
Ya el propio medio había reportado un mes atrás el incumplimiento de la provincia en el llamado “plan de consumo de electricidad”, por lo cual muchas entidades debieron trabajar sin la ventilación de los locales y con horarios reducidos.
Según dicho reporte, “Santiago de Cuba cuenta con 133 centros que clasifican como mayores consumidores de electricidad, cifra que representa el 80 por ciento del gasto del estatal”.
Héctor Sánchez Caraballo, especialista principal de la Dirección Comercial de la Empresa Eléctrica en Santiago, dijo que el número de servicios cortados podría aumentar este mes, con aquellos que contraigan deudas durante el período.
De acuerdo con los datos del sitio Foresight Cuba, el deficiente sistema eléctrico del régimen sufre pérdidas equivalentes al 25% del consumo total anual, una cifra que ha experimentado un crecimiento constante desde 2015 en adelante.
Asimismo, el sitio refleja al sector poblacional como mayor consumidor del país, con un aumento significativo después de la “Revolución Energética” impulsada por el dictador Fidel Castro en el año 2006.
La población de la isla, castigada por las carencias de insumos básicos provocadas por la pésima gestión del gobierno, se ve obligada a pagar por la mayor parte del consumo eléctrico en Cuba.
De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el salario medio en la provincia de Santiago de Cuba ascendía en 2019 a 757 pesos.
Sánchez Caraballo dijo al periódico local que el pago era “un deber” que los santiagueros tienen y que “la Empresa necesita de ese financiamiento para poder seguir prestando los servicios a la población y a clientes jurídicos”.
Casi 5 millones de pesos del total de la deuda pertenecen a ciudadanos de la cabecera provincial, según el directivo, mientras que las deudas estatales en su mayoría pertenecen a empresas agroindustriales del municipio Contramaestre.
Sin embargo, explicó que para cortarle el servicio a estas entidades “se hace una conciliación antes, en la que se valoran las afectaciones que esto podría ocasionar a las producciones”.
Entre las deudas y la gestión deficiente, así como con la cercanía del cambio al horario de invierno, no extrañaría que muy pronto la provincia comience a experimentar apagones con regularidad.
