Un trabajador que llegó a la hacienda en 1991, cuando Pablo Escobar era uno de los más buscados del país, se instaló y puso en marcha un campo de paintball y un restaurante, después de que el capo colombiano se entregara a las autoridades y ningún familiar volviera a la finca, pero el predio ya pertenecía legalmente al Estado.
William Duque inició trabajando como jardinero en la finca La Manuela, ubicada al borde del embalse de El Peñol, en Antioquia, era una de las propiedades del jefe del cartel de Medellín.
Pronto Duque terminó siendo mayordomo, pero su llegada coincidió con la entrega del capo a las autoridades para recluirse en la cárcel que él mismo construyó en Envigado. Posteriormente, Escobar se dio a la fuga y las autoridades emprendieron su ardua búsqueda.
Duque se quedó en La Manuela y 20 años después interpuso una demanda para que lo reconocieran como propietario del predio. La Corte Suprema negó este 10 de noviembre su pretensión.
En la demanda, los abogados llaman a este caso como “prescripción adquisitiva”, que implica que, si una persona ha vivido en un bien por más de dos décadas, aún sin que las escrituras estén a su nombre, podría exigir que lo reconozcan como propietario, de acuerdo con El Espectador.
Ningún miembro de la familia del capo regresó a la hacienda desde 1991, luego de su huida de la cárcel de Envigado. El jefe del Cartel de Medellín murió a manos de las autoridades en 1993 y Victoria Eugenia Henao, viuda de Escobar y a quien Duque reconocía como su jefe, se exilió en Argentina con sus dos hijos, razón por la cual no volvió a hacer contacto con el mayordomo.
El caso llegó hasta la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que describió así las condiciones con las que Duque comenzó a comportarse como propietario:
“Instaló carteles con anuncios de ‘propiedad privada’ y cercas de alambre de púas. Aunque dejó intacta la casa principal (ahora en ruinas), mejoró la vivienda del servicio, convirtió las caballerizas en habitaciones, cuidó de las especies arbóreas, y realizó el mantenimiento al alumbrado y los senderos”.
Alquiló, además, una parte del terreno para hacer un campo de paintball, pistas de motocross y un restaurante.
La Manuela había atravesado un proceso de extinción de dominio, y fue declarada en 2005 como propiedad del Estado, tras demostrarse que Escobar se hizo a ella con dineros ilícitos.
En el juzgado civil de Marinilla, donde instauró la demanda de prescripción, negó la solicitud por primera vez debido a que “no había demostrado que era el poseedor del bien ni su permanencia en esa calidad por más de 20 años”.
El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que manejaba la finca desde que fue entregada al Estado, indicó que el propio Duque había reconocido que él no era el dueño, sino que pertenecía a la familia de Escobar, puntualmente a Victoria Henao.
“Lo confesó en la diligencia de secuestro, diciendo retener el predio en garantía mientras se resolvía el juicio laboral donde la había demandado por deberle años de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social”, señala los documentos de la Corte.
Después del segundo “no”, Duque apeló y el expediente fue a dar al Tribunal de Antioquia, que argumentó que desde 2007 se había anotado en registros públicos que el predio dejaba de ser privado.
“El fallo convirtió al inmueble en un bien fiscal a partir de su registro en el folio de matrícula inmobiliaria, quedando, no solo en cabeza y poder del Estado, sino ajeno a adquirirse por prescripción, cuya destinación única es la utilidad pública”, escribió el Tribunal.
El antiguo mayordomo de Escobar insistió en reclamar el predio y pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara el fallo en casación. No obstante, la Sala Civil le negó, por tercera vez, lo que pedía.
“El predio fue apto para usucapir —lo que pedía Duque— hasta el 18 de septiembre de 2007, momento a partir del cual se inscribió en el registro la sentencia que declaró su extinción de dominio, Con posterioridad a esa fecha no pueden fijarse hechos posesorios, por ser insignificantes, inocuos e ineficaces para computar el tiempo de la pertenencia” , escribieron los magistrados en la sentencia.
Y agregaron que: “los fallos emitidos por la justicia laboral, los cuales negaron reconocer al recurrente como ‘trabajador’ de la exdueña (Victoria Henao), comprueban una incoherencia en el comportamiento del accionante frente al predio, porque de un lado, reclamó en ese juicio pagos y prestaciones sociales corno empleado y tenedor del bien; y por el otro, paralelamente, alegaba ser poseedor”.
La Corte, además, recordó que no se puede ejercer prescripción sobre bienes fiscales, como la finca La Manuela, y que esa prohibición “se justifica para resguardarlos de las acciones de terceros que pretendan afectar su propósito de servir a la comunidad”.
