El Instituto Fe y Libertad de Guatemala transmitió en vivo a través de sus redes sociales, un análisis sobre las misiones médicas tuteladas por el régimen cubano. En el intercambio, moderado por la economista y catedrática, Carroll Ríos de Rodríguez, comparecieron además, el abogado Jason Poblete de The Global Liberty Alliance y Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
A partir de la contratación del gobierno guatemalteco a “entre 300 y 460 médicos cubanos para mitigar el impacto de la COVID-19”, se preparó este debate, convocado por Instituto Fe y Libertad, una asociación civil no lucrativa creada en el 2014.
Larrondo, detalló inicialmente que “en 2019 las Naciones Unidas emitió un comunicado acusatorio, muy fuerte, contra Cuba, por de esclavitud y trabajo forzado en las misiones médicas”. En el pasado mes de agosto Cuban Prisoners Defenders presentó en las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional, la ampliación de la denuncia “Cuban doctors vs. The Cuban Government” que incluye “622 testimonios de médicos cubanos” que han trabajado en el extranjero.
“Son crímenes horrendos de lesa humanidad”, acotó el experto durante el intercambio, transmitido también por la página oficial en Facebook de ADN Cuba.
Carroll Ríos de Rodríguez, máster en Estudios Latinoamericanos, se interesó por conocer sobre la conformación de las brigadas médicas y cómo se establecen los convenios con los gobiernos.
“Las brigadas médicas le suponen al gobierno 8.500 millones de dólares. Para tener una idea clara de lo que esto representa: Cuba factura 2.900 millones, según la Organización Mundial del Comercio por el sector del turismo. No hay otra partida en la balanza exterior que sea, ni siquiera equiparable, a las misiones médicas. La segunda son las entradas de remesas de familiares a la Isla, pero están torno a los 4.000 o 4.500. Básicamente Cuba levanta su tesorería, cuando puede, por este trabajo de esclavos”, detalló Javier Larrondo de Cuban Prisoners Defenders.
“Se realiza un convenio con un país tercero, que suele incluir cláusulas (…) con una exclusividad casi de tipo esclavista y otras condiciones que son difíciles de asimilar por cualquier ser humano”, añadió.
Durante la transmisión los panelistas abordaron como los agentes de la Seguridad del Estado cubano que participa en las misiones, retira el pasaporte a los médicos de las brigadas, para evitar su libre circulación; amenazan a sus familiar en Cuba si tratan de desertar y mientras “el régimen cubano cobra millones por los convenios y el médico recibe migajas”.
En tanto, Poblete señaló que se constituyen “con personas escogidas por el Partido Comunista de Cuba (PCC)”, y que no todos son profesionales de la salud. “El régimen cubano incluye también en las brigadas a oficiales de inteligencia, que son utilizados para evangelizar el sistema totalitario comunista en otras naciones”, acotó. Añadió además, que las brigadas cuentan con “juristas que monitorean a los médicos”.
“Estas brigadas son operaciones militares”, subrayó Poblete.
Sobre la participación de los médicos cubanos en Guatamela, Carroll Ríos de Rodríguez, señaló que el gobierno de este país entrega al régimen castrista “unos (7000 quetzales) 900 dólares mensuales por cada médico”. Desde 1998 se estableció la colaboración médica entre ambas naciones.
“En los contratos que hemos revisado, y que han sido enviados a las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, efectivamente aparece que se pagan 7000 quetzales. Pero, aunque les entregan una parte directamente a los médicos, unos 3000 quetzales; estos a su vez tienen el deber de darle unos 1400 al Jefe de la Brigada. Se quedan con apenas unos 250 dólares. Es igual a lo hace el régimen en Arabia Saudita, obligan a los médicos a devolver parte del dinero”, puntualizó Larrondo.
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“En el convenio firmado con Guatemala aparecen epígrafes terribles, como uno que obliga al gobierno de Guatemala a no contratar jamás a ningún médico cubano que haya desertado de cualquier misión en el mundo; eso es un crimen de persecución. Se obliga al gobierno a excluirlos del mercado laboral, violando así el Tratado de los Trabajadores Migrantes y la Declaración Universal de Derecho Humanos. Eso lo deben derogar. Esto está en la Corte Penal Internacional (…)”.
Carroll Ríos de Rodríguez, señaló que “las cifras sobre las bondades de las brigadas médicas cubanas en Guatemala, son impresionantes”. “Los número me confundieron muchísimo”, -puntualizó-: “un millón de personas ciegas que han sido tratadas, 9 millones de consultas, 332 mil vidas salvadas… ¿Cómo sabemos que son válidas y como se generan estas cifras?”, indagó la catedrática.
“El cien por ciento de los colaboradores en Guatemala que han ofrecido testimonios, indican: 'se me obligaba a incrementan falsamente las estadísticas de trabajos'. Tomaban guías telefónicas para encontrar nombres y rellenar los datos. Los obligan. (…) Tienen que reportar unas 40 visitas médicas al día (…)”, respondió Larrondo.
“El llamado es a que los gobiernos no cooperen con este programa. (…) ¿Qué hacen trabajando con un sistema que abusa de esta manera? Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier oficial en América Latina que firme estos convenios”, coincidieron Jason Poblete de The Global Liberty Alliance y Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defenders.
Cerca de 50 mil médicos cubanos colaboran en más de 60 países y el régimen se queda entre el 70 y 90% del salario de cada uno. Solamente en Brasil, el gobierno castrista lucró $ 360 millones cada año entre 2013 y 2018. Por otro lado, quienes rompen con la misión son castigados por 8 años sin permitirles regresar a la isla.
Un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, dio el visto bueno a la demanda que inició un colectivo de médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por presuntamente apoyar el tráfico de personas en la misiones de Brasil.
Según reporta Associated Press (AP), los cuatro demandantes alegan que la OPS se alió con el régimen cubano y con el gobierno de Brasil (2013-2018) para hacerlos trabajar de manera forzada.
El juez Boasberg explica en un documento de 56 páginas publicado el lunes, que la OPS no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciada por los tribunales estadounidenses.
