No hay pruebas contundentes para juzgar al joven cubano Luis Robles Elizástegui, por lo que la Fiscalía deberá atender una solicitud de cambio de medida de su defensa, aseguró este 19 de febrero a Diario de Cuba el abogado del preso político.
El órgano de instrucción penal a cargo del caso terminó la fase preparatoria del expediente, por lo cual ya cerraron su expediente y este será trasladado hacia Fiscalía. Ahora este expediente “será analizado y si están de acuerdo con todo será trasladado hacia los tribunales”, añadió el hermano del preso político, Landy Fernández.
Según abogados consultados por el citado medio, Fiscalía “debe dilucidar la ausencia de pruebas que dejan sin argumentos la acusación por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado”.
Agregaron que la falta de vínculos de Robles con grupos opositores es evidente y presentarse en público con un cartel pidiendo justicia “no es delito tipificado en el Código Penal”. Por tanto, “la Fiscalía está obligada a proceder conforme se lo exige el artículo 262 en relación a la Ley de Procedimiento Penal”.
“En este caso debe disponer la inmediata libertad del acusado y elevar el asunto a la Sala Penal correspondiente del Tribunal Provincial solicitando el sobreseimiento (archivo) libre y total de las investigaciones”.
“Lamentablemente la libertad de Robles bajo tales causas no le da derecho de exigir a la Seguridad del Estado la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, uno de los puntos que debe reformarse en la nueva Ley de Procedimiento Penal por aprobarse en julio de 2021, en favor de la dignidad y el honor de los afectados”, detalla DdC.
El pasado 4 de enero la ONG Prisoners Defenders incluyó a Robles (sin afiliación política) como uno de los nuevos Convictos de Conciencia en Cuba, “preso por manifestarse espontáneamente de forma irreprochable y pacífica en La Habana. El vídeo de su detención prueba que los cargos de Desacato y Desórdenes Públicos son completamente falsos”.
Robles se solidarizó con el Movimiento San Isidro (MSI) y Denis Solís, condenado por “desacato” luego de un juicio sumario sin garantías legales. El castrismo acusó al joven de atentar contra la “Seguridad del Estado”, cuando todo lo que hizo fue manifestarse el 4 de diciembre con un cartel en el boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
El régimen lo acusa de violar el artículo 124 y siguientes del Código Penal cubano, que establece privación de libertad de 10 a 20 años o la muerte a quien viole el espacio aéreo, penetre clandestinamente en territorio nacional y organice o forme parte de grupos armados.
La multa por sostener un cartel pidiendo la libertad de Denis Solís fue de 1000 pesos cubanos, supuestamente al amparo del Decreto 272, artículo 11 del Código Penal cubano, que prevé sanciones por “afear el ornato público” con vallas.
Las imágenes de su protesta fueron ampliamente difundidas en las redes sociales. Como muestran las grabaciones, las personas a su alrededor hicieron una especie de cordón para protegerlo y a la vez repetían las consignas que este manifestaba pacíficamente.
