El régimen venezolano de Nicolás Maduro rechazó este jueves el informe publicado por la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela por parte de las fuerzas de la dictadura chavista.
“Venezuela rechaza las “acusaciones” sin valor de la exfiscal (Fatou) Bensouda”, escribió Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, acompañado de un comunicado del Ministerio Público venezolano.
“Tras haberse hecho pública la opinión de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten”, se lee en el texto.
El comunicado asegura que la ex fiscal no tuvo en cuenta la “colaboración ofrecida de buena fe” por parte del Ministerio ni del Poder Judicial de Venezuela, por lo que “las acusaciones emitidas carecen de valor alguno”.
El documento afirmó que el régimen venezolano trabajaría de la mano con el nuevo jefe fiscal de la CPI, Karim Khan, con el fin de “asegurar la complementariedad plena y ser tratados en igualdad de condiciones a otros países que se encuentran bajo examen preliminar”.
El texto de Bensouda confirmó que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados.
Bensouda concluyó que la información disponible proporciona una base razonable para creer que “desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.
El 2 de agosto, un panel de expertos internacionales convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) había pedido con urgencia a la Fiscalía de la CPI que abriera una investigación contra el régimen de Venezuela.
En un comunicado reproducido por agencias de noticias, los juristas hablaron sobre la preocupante situación de ese país, que se encuentra desde el 2018 bajo examen preliminar por abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas ocurridas desde abril del 2017 (con saldo de al menos 125 muertos), y en prisiones donde habrían maltratado a disidentes.
