El encarcelamiento y proceso penal contra el líder opositor José Daniel Ferrer viola la Constitución y pone en tela de juicio al sistema judicial cubano, aseguró este 17 de agosto la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD).
La organización, con sede en España, menciona los artículos 56, 61, 94 y 95 de la Constitución, y los artículos 241 al 244 de la Ley de Procedimiento Penal, que regulan las detenciones y el proceder de los órganos judiciales, acorde a principios básicos de derechos humanos.
“A José Daniel Ferrer se le ha detenido arbitraria e ilegalmente; se le ha mantenido incomunicado violando todos los procedimientos procesales y los derechos del acusado y los familiares”, advierte CPD en el texto donde explica el proceder del Estado cubano contra el líder del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
Además, agrega que el dictamen de “prisión provisional” carece de base, pues los gritos “abajo Díaz-Canel” y “abajo el hambre”, no pueden ser considerados delito.
El documento concluye que la actuación del Gobierno, las fuerzas del orden público y el sistema judicial cubano luego de las protestas del 11 de julio, destruyeron “cualquier atisbo de seriedad del propio conjunto del Estado de Cuba”.
Este martes las autoridades cubanas impusieron una sanción de cuatro años de cárcel y 14 días para Ferrer, luego de revocar la condena vigente desde 2020 de limitación de la libertad sin internamiento.
Además, las autoridades mantienen la acusación de supuesto “desorden público” en su contra. Ferrer lleva más de un mes en desaparición forzada —un recurso de habeas corpus fue desestimado— tras ser detenido cuando intentaba unirse a las protestas en Santiago de Cuba.
El líder de la Unpacu padece gastritis crónica producto a una úlcera contraída por las huelgas de hambre realizadas durante la llamada Primavera Negra del 2003, y las que ha realizado recientemente.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, suma en su listado más de 800 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no ofrece las causas del deceso.
