Unos 450 000 euros de la Unión Europea (UE) financian el proyecto “Laboratorios de Innovación para la transformación digital en el sector de la Cultura” (Co-Lab), patrocinado por el Estado cubano.
A pesar de que este dinero debería enviarse a la sociedad civil, la UE lo destina a la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), bajo control del régimen aunque figure como “organización de la sociedad civil”, explica el medio digital YucaByte.
Co-Lab tiene como objetivo la creación de “laboratorios de innovación” que vinculen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al sector de la cultura en Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos, Mayabeque y Pinar del Río. Su implementación está prevista hasta 2023.
Además de la UIC, intervienen las universidades provinciales y los gobiernos locales, especialmente los funcionarios de las Direcciones de Cultura de cada provincia.
Los funcionarios que supervisan Co-Lab aseguraron que siguen las pautas del Estado y contribuyen a la “transformación del modelo económico cubano” durante la presentación de la iniciativa.
Según la UE, un actor de la sociedad civil debe ser ajeno al Estado, pero las imbricaciones de UIC con el régimen niegan las propias normas del bloque hemisférico y, por tanto, deberían vetar a UIC como receptor de beneficios económicos, asegura YucaByte.
En mayo de 2021, la organización de derechos humanos Cuban Prisioners Defenders publicó un informe que advertía que los fondos de la UE destinados a apoyar a la sociedad civil en la Isla terminan en manos de falsas ONGs cubanas.
Delegados de derechas han criticado el Acuerdo de Diálogo y Cooperación entre el gobierno cubano y la UE porque, aseguran, no cumple con su objetivo: promover los derechos humanos y fortalecer a la (verdadera) sociedad civil.
Opositores cubanos denuncian que ese mecanismo no ha contribuido al avance de la democracia y el respeto a los derechos humanos en la isla, su objetivo fundamental.
El 10 de junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución 2021/2745 (RSP) sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, un documento que señala minuciosamente las violaciones de derechos digitales, políticos y civiles cometidas por el gobierno cubano en los últimos tres años.
