“Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental”. Además, “el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones son deficientes”, indica de entrada el último reporte de Freedom House sobre libertad en Internet.
En la clasificación de Freedom House nuevamente Cuba reúne todas las condiciones de país no libre, según los estándares que permiten establecer que un país tiene un sistema abierto y democrático o cerrado, autoritario, e incluso totalitario, que no garantiza las libertades de todos los ciudadanos para expresarse e informarse libremente.
En Cuba las autoridades supervisan el uso de internet y dirigen el tráfico, que es controlado por el gobierno. “El Estado participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes. La disidencia política se castiga con una amplia gama de leyes, incluido el Decreto Ley 370, que se ha utilizado con frecuencia para intimidar y silenciar a los periodistas”, describe el informe de Freedom House.
Freedom House también destaca el papel que ha jugado internet en las protestas públicas contra el gobierno, desde 2020 y durante 2021. Los cubanos lograron eludir en gran medida la censura gubernamental a través de mecanismos e innovaciones digitales. Sin embargo, las autoridades impusieron restricciones generalizadas para la conectividad y bloquearon las diferentes plataformas de redes sociales en respuesta a las protestas.
Cuba impone grandes obstáculos para el acceso a internet, limita los contenidos y viola los derechos de los usuarios. No obstante, pese a todas las acciones del gobierno para impedir a los cubanos estar conectados con el mundo exterior y que accedan a información independiente, cada vez más ciudadanos acceden a Internet, con velocidades más rápidas, respecto de años anteriores.
Internet ha sido clave a la hora de coordinar acciones de protesta, resistencia y movilización social a través de las redes sociales. Sin embargo, el gobierno ha reaccionado allanando y violentando a los manifestantes y en particular la sede del colectivo de artistas San Isidro, además de bloquear Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp.
El régimen cubano impuso restricciones de conectividad a gran escala luego de las históricas protestas de noviembre de 2020. Las autoridades les quitaron el acceso a internet a los activistas y periodistas para dejarlos sin comunicación en fechas claves.
En abril de 2021, el gobierno anunció la adopción del Decreto Ley 35 que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios para censurar contenido en línea, sin supervisión judicial y sin medidas de transparencia. La ley entró en vigor en agosto.
Adicionalmente, las autoridades continuaron usando el Decreto Ley 370 para arrestar, sentenciar, multar y confiscar arbitrariamente los dispositivos de activistas, artistas y periodistas independientes.
Cuba es un Estado comunista de partido único que proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas.
El gobierno sigue dominando la economía, a pesar de las recientes reformas tendentes a permitir cierta actividad del sector privado. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado a pesar de una transición generacional en el liderazgo político entre 2018 y 2021 que incluyó la introducción de una nueva constitución y la jubilación en abril de 2021 de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), según se extrae del reporte de Freedom House que hizo seguimiento a los eventos acaecidos en la Isla entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
