Nueve familias que ocupan un antiguo parqueo de la Empresa de Comunales de Santiago de Las Vegas, en La Habana, recibieron una orden verbal de desalojo, aseguró este 2 de noviembre CubaNet.
Planificación Física, agencia del Estado que brinda asistencia relacionada con las viviendas, destruyó una casa en el lugar cuya construcción había comenzado un mes atrás. Cuando los vecinos fueron a pedir explicaciones, los funcionarios amenazaron con demoliciones y encarcelamientos.
Lorena Bárbara Hernández Reyes, una vecina de la comunidad, tiene seis hijas y reveló al citado medio que las autoridades ya intimidaron a los lugareños en otras ocasiones. Cuando ocupó el lugar donde ahora vive, el local se encontraba “deshabitado y lleno de basura y escombros”.
“A los dos días de yo haberme metido aquí vinieron muchas personas con necesidades de vivienda; cogieron pedazos de terrenos y empezaron a hacer sus casitas. Luego vino una comisión del Gobierno para intentar que saliéramos, pero no lo lograron. Así nos han estado amenazando con desalojo y demolición desde ese tiempo, en vez de ayudarnos a resolver nuestros problemas”.
“No creo que sea lo más correcto”, comentó Yenky Escalona La O, padre de una niña huérfana de madre. “Por la situación que tiene el país, que uno construya con su esfuerzo propio porque el Gobierno no te da ninguna ayuda y ellos quieran desalojarnos y destruir lo que hemos creado. Aquí también hay muchas mujeres solas con sus niños y con mucha necesidad”.
Al llegar a la presidencia, Miguel Díaz-Canel prometió aumentar la construcción de viviendas, un plan que no se ha concretado hasta el momento. En la Isla, miles de personas no tienen dónde vivir o residen en locales inhabitables, ya sean edificios en peligro de derrumbe o casas sin servicios básicos.
La construcción de viviendas por cada 1000 habitantes disminuyó de 6,1 en 1989 a 3,6 en 2005. En 2006, se construyeron 111 400 nuevas unidades y la proporción subió a 9,9, ambos récords históricos.
Pero esas cifras fueron infladas, pues incluyeron viviendas edificadas anteriormente que recibieron ese año una habilitación para la ocupación, así como viviendas en construcción.
Después de 2006, bajó constantemente hasta 22 100 en 2016, mientras que la razón de unidades construidas por 1000 habitantes disminuyó de 9,9 a 1,9.
El presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) Víctor Ramírez, declaró en 2008 expresó que 1,17 millones de viviendas (30 por ciento del inventario) estaban en condición “regular” o “mala” y que el 85 por ciento de las unidades con más de tres pisos necesitaban reparaciones fundamentales, pero la falta de materiales de construcción lo impidió.
