El colectivo independiente Justicia 11J denunció ayer, 4 de marzo, la no notificación de varias de las sentencias de los manifestantes del 11 de julio que fueron a juicio entre el 8 de diciembre y el 31 de enero.
Justicia 11J comunicó que en ese período fueron celebrados cerca de 26 juicios orales a unos 312 presos políticos.
El grupo reclamó de manera enfática “las sentencias que contienen la decisión sobre el destino de los menores de edad presentes en los sucesos de La Güinera y Toyo, juzgados en el Tribunal de Diez de Octubre”.
En la publicación se critica, además, el artículo 564 de la Nueva Ley no. 143 de Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero, que establece plazos sin límites para la firma de las sentencias, “que no solo pudieran dilatar la discrecionalidad en el cumplimiento del debido proceso, sino que suponen un enorme retroceso en relación con la Ley no. 5, que establecía un plazo de 6 días hábiles posterior a la culminación del juicio oral, más una prórroga de hasta 3 días hábiles si era imprescindible, para la entrega de las sentencias”.
La organización Cubalex señala que ese artículo viola el principio de celeridad del proceso y el principio de legalidad, además de que “permite que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación, y pudiera hacer aún más vulnerables ante la ley a las personas detenidas por motivos políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, o a toda persona que pueda ser de interés para la Seguridad del Estado, al existir la posibilidad de que pasen extensos períodos a la espera de una sentencia que, también, pudiese ser usada como mecanismo de presión”.
En la publicación aparecen las sentencias a los manifestantes de Cárdenas, en Matanzas, cuyas penas fluctúan entre 16 y 3 años de privación de libertad. También fueron difundidas las de Perico, en la misma provincia, y las de los manifestantes de Güines, Mayabeque.
El subregistro de Justicia 11J y Cubalex señala que, de un total de 1395 personas detenidas con respecto a las protestas, 440 han sido ya enjuiciadas en procesos ordinarios.
