El Tribunal Municipal Popular de Camagüey ratificó la sentencia de seis años de cárcel para el miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Dixán Gaínza Moré, reportó este 11 de abril Radio Martí.
Oficiales de la Seguridad del Estado en la prisión Kilo-9 de esa provincia, donde se encuentra el opositor de 35 años, le advirtieron que no esperara rebaja de sentencia. Antes de la apelación, ya la policía conocía el veredicto del tribunal, declaró el joven.
“Tres días antes de la celebración del juicio, la semana pasada, vinieron a verme varios oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el agente Kevin, quienes me dijeron que la sentencia sería la misma”, denunció Gaínza.
“La vista fue presidida por otro presidente del tribunal distinto al proceso anterior —agregó—, con testigos de la Seguridad del Estado que fueron usados en favor de la Fiscalía”.
En el juicio de apelación había otros manifestantes y a todos se les mantuvo la misma sentencia, con excepción de un paciente de VIH en delicado estado de salud, al que se le cambió la medida de prisión cerrada por trabajo correccional sin internamiento.
Gainza Moré es el único sustento de sus padres, ancianos de más de 80 años. Estuvo 16 días en huelga de hambre y cuando pudo llamar a su casa "la voz era casi de un muerto. Nunca podré olvidar eso", señaló la madre en entrevista con ADN Cuba.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros manifestantes del 11J, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”. Las penas oscilan entre pocos meses y 30 años de cárcel.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, informó que su ONG y el grupo de activistas de Justicia 11J han registrado más de 1 130 detenciones tras el estallido social. Continúan prisioneras 572 personas y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
