Caracas, 2 oct (ADN CUBA).- En el corazón del chavismo gubernamental se desarrolla una trama de corrupción de alto vuelo, perpetrada desde las esferas del poder del Gobierno de Venezuela, en las que participaría el propio presidente Nicolás Maduro y su grupo de incondicionales, así como el alto mando de las fuerzas armadas venezolanas, reveló un amplio reportaje publicado este miércoles por el portal Infobae.
El informe detalló el entramado de corrupción que rodea al régimen chavista, metido de lleno en el exorbitante negocio del narcotráfico de la mano de grupos guerrilleros colombianos, así como en los rubros de la economía en la que ha metido mano para acumular enormes ganancias.
El reporte de Infobae es parte de la tercera entrega sobre los negocios sucios en los que estaría involucrado Maduro y su círculo de poder, así como la oficialidad “corrupta” de las fuerzas armadas.
Según la investigación periodística, para septiembre de 2019 son “cuatro grupos o feudos de delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela”, a saber: La Cúpula, liderada por el propio Maduro, Cilia Flores y los asesores cubanos.
El segundo es el llamado Cartel de los Soles “o para ser más precisos, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, detalló la publicación.
También está la “Corporación Siria”, liderada por Tareck Zaidan El Aissami Maddah, vicepresidente del Área Económica y, la cuarta, es “la corporación familiar Diosdado Cabello”, el segundo hombre más fuerte del chavismo, solo detrás de Maduro.
“Cada uno de ellos cumple con los estándares de la Unión Europea para ser calificados como grupos de delincuencia organizada”, dijo el informe.
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El reportaje hizo énfasis en los actos corruptos cometidos desde la oficialidad venezolana, el “mal llamado Cártel de los Soles”, explicó, nombre que hace referencia a las insignias de soles que distinguen los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“En el caso del Cartel de los Soles no se trata de una organización rígida y permanente, sino de redes que se instrumentan para la gestión de uno o varios envíos de cocaína desde Venezuela hacia al exterior, en el que intervienen directa o indirectamente oficiales activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB”, explicó Infobae.
Esas acciones corruptas se llevan a cabo “bien sea amparados por los cargos que ocupan o por sus contactos. Por esta razón es inapropiada la designación de cartel, aunque se haya popularizado en Venezuela y a nivel internacional”, detalló.
Agregó que en la Guardia Nacional venezolana, cuarto componente de las fuerzas armadas, creada en 1937, se instauró al correr el tiempo un sistema de corrupción vertical.
“En algunas zonas delicadas del país, los altos oficiales de la GN crearon una escala de sobornos práctica y operativa. Tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30% de los sobornos, los oficiales intermedios un 20% y el alto oficial un 50% de las “comisiones”, subrayó la publicación.
Pero los grandes negocios del “Mal llamado Cartel de Los Soles”, dijo Infobae, comienzan cuando iniciando su gobierno en 1999, el presidente Hugo Chávez envía a Colombia a oficiales de las fuerzas armadas a negociar casos de secuestros de venezolanos en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Allí las “bandas terroristas colombianas, por las cuáles el presidente venezolano sentía marcada simpatía, les explican que el “gran negocio” no son los secuestros sino el tráfico de cocaína, que para ese momento la FARC comenzaba a dominar en Colombia.
Los guerrilleros le explicarían que obtener vía libre a través de Venezuela “sería una jugada estratégica determinante para mantener el financiamiento del conflicto interno en Colombia, causar mayor daño a la sociedad consumista y drogadicta norteamericana y de paso, les dejaría a estos oficiales unos cuantiosos porcentajes de cientos de miles de dólares para su usufructo personal”.
A partir de los acuerdos de paz firmados en La Habana, la FARC ha sido reemplazada por destacamentos del ELN, a los que el régimen de Nicolás Maduro le ha entregado el control de territorios en el estado Bolívar y otras zonas del país.
A raíz del llamado a las armas de una minoría de las FARC que denuncia el proceso de Paz, dado a conocer el 30 de agosto pasado y liderado por Iván Márquez, el reagrupamiento de este grupo armado junto con el ELN, en territorio venezolano y contando con el abierto apoyo del gobierno de Nicolás Maduro.
Esa oficialidad corrupta, el Cártel de los Soles, “maneja actualmente, bien sea como operador o por cobrar porcentajes a terceros que las operan, las siguientes actividades ilícitas: Macrotráfico internacional y abastecimiento al microtráfico nacional, contrabando de gasolina, minería irregular, explotación de madera, reventa de productos regulados, tráfico de armas y municiones en el sistema carcelario”, señaló el reportaje.
Es tal el afán, “la desesperación por lucrarse e impunidad permitida, que oficiales de la Guardia Nacional Bolivarianas, convirtieron la represión y el control del orden interno en un nuevo negocio, pidiendo rescate a las familias por los muchachos y estudiantes detenidos en las protestas de calle o manifestaciones ocurridas durante la rebelión de febrero a julio de 2017”.
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“A partir del año 2002, entre una corrupta alta oficialidad venezolana empieza la danza de los millones. Contaban con el visto bueno presidencial y gozaban de impunidad casi absoluta dentro del territorio venezolano”, detalló el informe.
Añadió que para consolidar el apoyo militar a su gobierno, al llegar a la presidencia, Nicolás Maduro comienza a ceder más y más áreas ejecutivas al estamento militar. Todo el aparato de seguridad del Estado, desde el año 2013 hasta el presente, está en manos de altos oficiales activos; un conglomerado de más de 20 empresas estatales pasa a ser dirigido por altos oficiales.
“En Venezuela hay cerca de 2.000 oficiales con jerarquía de general o almirante, cuando por ejemplo en los Estados Unidos son 900 y en China, con el ejército más numeroso del mundo, sólo 190”, aseguró Infobae.
Señaló que además de participar en casi todas las estructuras de la Administración Pública, a raíz de la sentencia 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia dictada en el 2016, las empresas del Estado no pueden ser controladas o fiscalizadas por la Contraloría General de La República ni por ninguna otra institución, “otorgando así una puerta abierta a la corrupción e impunidad”.