El Gobierno de Nicaragua dijo este lunes que está dispuesto a discutir con la oposición para llegar a nuevos acuerdos que permitan sacar al país de su peor crisis sociopolítica en décadas, luego del fin de una ronda de negociaciones en la que no se alcanzaron acuerdos en temas tildados de fundamentales por los detractores del presidente Daniel Ortega.
"Esta semana daremos continuidad, en todos los espacios propuestos, a las discusiones necesarias para llegar a nuevos acuerdos", informó el Gobierno en una nota de prensa.
Las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y haberse prorrogado durante una semana.
La Alianza ha señalado al gobierno de Ortega de no tomar en serio las negociaciones y le acusa de utilizar el espacio para alargar la crisis, que estalló hace casi un año, lo que se traduce en que el presidente extienda un mandato que lleva 12 años.
El Gobierno, que el fin de semana volvió a impedir una marcha contra Ortega, negó ser responsable de los obstáculos en las negociaciones.
"Es importante aclarar que ningún impasse o retraso ha sido responsabilidad de nuestra representación", resaltó el Ejecutivo.
El Gobierno recordó que las negociaciones han avanzado en el establecimiento de la hoja y la agenda, así como en el fortalecimiento de los derechos y garantías -que se traduce en el respeto por la Constitución-, y la liberación de manifestantes presos con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
También reiteró que los temas pendientes son el establecimiento de "la verdad, justicia, reparación y no repetición", el "fortalecimiento de la democracia y reformas electorales" -que significa adelanto de las elecciones de 2021-, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones, y los mecanismos de implementación de los acuerdos.
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
