El Gobierno francés perfiló el miércoles varias medidas para iniciar la tarea de reconstrucción del templo gótico de Notre Dame, víctima de un devastador incendio la noche del lunes. Los anuncios siguieron a las declaraciones del presidente, Emmanuel Macron, que quiere ver la catedral de nuevo abierta en un plazo máximo de cinco años.
Dinero para los proyectos no faltará: en poco más de 48 horas, las promesas de donaciones sumaban ya unos 850 millones de euros. Pero con los fondos, fluyen también las polémicas en torno a lo desinteresado es ese mecenazgo en un país que ofrece fuertes beneficios fiscales a los que dan dinero a la cultura, un nuevo frente que el Gobierno tratará de rebatir con una ley para “enmarcar” las donaciones y garantizar su “transparencia”, dijo el primer ministro, Édouard Philippe.
El primer ministro también anunció ayer el lanzamiento de un "concurso internacional de arquitectos para la reconstrucción de la aguja" de Notre Dame, destruida por el incendio. El concurso “permitirá saber si hay que construir una nueva aguja idéntica o si hay que dotar a la catedral de una nueva flecha, adaptada a las técnicas y desafíos de nuestra época”, indicó.
La actividad volvió a ser intensa en la catedral y sus inmediaciones, pero también en el Elíseo. El Gobierno dedicó íntegramente su consejo de ministros a Notre Dame, que analizó nuevamente por la tarde con representantes de la Iglesia católica, algunos ministros y expertos en patrimonio.
Uno de los problemas imprevistos es el resquemor que ha causado el anuncio de las multimillonarias donaciones para la reconstrucción del templo gótico que han prometido algunas de las principales personalidades y empresas del país. La familia Pinault ha ofrecido 100 millones de euros, el grupo LVMH y la familia Arnault que lo dirige, dijeron que donarán 200 millones, al igual que los Bettencourt (L'Oréal), con otros 200 millones a través de la empresa y de la fundación del mismo nombre. Tras esas generosas aportaciones, algunos políticos y sindicalistas creen ver una “operación de comunicación” y un intento de hacerse con “regalos fiscales” gracias a las generosas exenciones de impuestos que prevé la ley de mecenazgo francesa.
