El reconocido jurista internacional, el español Baltasar Garzón, será el abogado estrella del equipo legal que ha conformado el expresidente de Bolivia Evo Morales, en un intento por defenderse de las acusaciones en su contra emitidas por la fiscalía de esa nación sudamericana, informaron este viernes medios de prensa.
“Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión”, ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Argentina, donde está refugiado, según un reporte del portal de noticias argentino Infobae.
La fiscalía emitió el miércoles una orden de detención contra Morales por sedición, terrorismo y financiamiento de terrorismo.
Garzón ha destacado como jurista y abogado, y ha estado involucrado en sonados casos a nivel internacional.
Fue el promotor en 1998 de una orden de arresto, como juez de la Audiencia Nacional, contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, mientras se encontraba en Londres, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante esa dictadura.
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También participó en el caso Caravana de la Muerte, como se conoció en Chile a un equipo de militares que recorrió el país durante 1973, con la misión, girada por Pinochet, de agilizar y revisar los procesos de personas detenidas tras el golpe militar de ese año.
Sin embargo, la misión terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos.
Garzón también es parte del equipo legal de Julian Assange, que actualmente está encarcelado en Reino Unido. Asimismo, el exmagistrado es una persona muy próxima a la actual vicepresidenta de Argentina -donde se encuentra Morales-, Cristina Fernández de Kirchner, informó por su parte el diario español ABC.
Morales no informó sobre los otros abogados que estarían en su equipo, defendiéndolo. Tampoco si viajará a Bolivia para encarar las acusaciones.
Una de las principales evidencias de los fiscales es un video en el que Morales, por teléfono, desde México, presuntamente gira instrucciones a un líder “cocalero” para bloquear ciudades en Bolivia para evitar que entraran alimentos, en el marco de las violentas manifestaciones que sucedieron en el país sudamericano, tras las elecciones del 20 de octubre.
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La orden de detención de la fiscalía también se dirige contra Faustino Yucra, el líder ‘cocalero’ que presuntamente habla con Morales en la conversación telefónica, aunque no se ha confirmado por medios independientes si quien habla es realmente el expresidente.
Morales dijo este jueves que la orden de captura “no es constitucional ni legal” porque, según sostiene, “Evo sigue siendo presidente”, pues la Asamblea no aprobó y rechazó su renuncia como mandatario.
El Gobierno ya había anunciado que denunciaría a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad, añadió Infobae.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por Infobae han indicado que el Gobierno de Alberto Fernández “no entregará por ningún motivo” a Morales. “Vamos a proteger a Evo porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado y porque todo el pedido de detención es una farsa”, ha dicho un funcionario.
El Gobierno de Jeanine Áñez ha reconocido que será “complicado” que Argentina entregue a Morales, pero ha avanzado que preguntará al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la situación del ex presidente boliviano y, en caso de ser necesario, recurrirá a Interpol.