El Gobierno de Nicaragua envió este viernes a sus casas a 1.292 reos comunes, para que celebren la Navidad en familia, informó el Ministerio de Gobernación, pero no liberó a los 160 presos políticos que el régimen de Ortega aún mantiene encerrados.
Presos comunes de todos los centros penitenciarios de Nicaragua fueron excarcelados hoy bajo la figura de convivencia familiar, que les permitirá cumplir sus condenas en libertad siempre que se presenten de forma periódica ante un juez.
"Queremos en esta época de fiestas navideñas y de fin de año, desearles que tengan, de aquí en adelante, una vida llena de éxitos, de pasar de los sueños a las acciones y lograr todo que añoraron hacer en este tiempo que estuvieron aquí", dijo a los reos la ministra de Gobernación, María Coronel, durante la ceremonia de excarcelación en el Centro Penitenciario de Tipitapa.
En lo que va del año el Gobierno ha ordenado la excarcelación de al menos 8.641 reos comunes, pese a las críticas por tratarse de personas condenadas por diversos delitos.
La decisión del Gobierno nicaragüense contrasta con el encierro de más de 160 opositores, considerados "presos políticos".
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a inicios de 2019 a dar libertad absoluta a todos los "presos políticos", ya que protestar no es delito en Nicaragua, sin embargo, únicamente 620 fueron sacados de prisión, sin libertad absoluta, algunos de los cuales fueron capturados nuevamente, según quejas de la oposición.
Las decisiones contrastadas del Gobierno se dan en medio de una crisis que ha dejado cientos de opositores muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por la muerte de al menos 328 personas, aunque órganos locales cuentan hasta 651, y Ortega admite 200.
La CIDH y Acnudh responsabilizan por la violencia al Gobierno de Ortega, al que también señalan de torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, y otros abusos contra los opositores.
Ortega sostiene que se defiende de un "golpe de Estado fallido".
