Aunque la excarcelación de 91 presos políticos, en Año Nuevo, por parte del régimen de Daniel Ortega, fue recibida como buena noticia, opositores nicaragüenses no descartan que la medida busca evitar más sanciones internacionales, sobre todo las que podría imponer la Unión Europea, según un artículo del diario digital Confidencial, publicado este miércoles.
Confidencial citó a José Pallais, integrante de la opositora Alianza Cívica, quien cree que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pueda usar la excarcelación de los reos de conciencia como una pieza para maniobrar políticamente y esquivar más sanciones.
El Consejo de la Unión Europea ha amenazado con imponer sanciones específicas contra funcionarios del Gobierno de Ortega, involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la represión contra la rebelión cívica que estalló en abril de 2018.
Dichas sanciones, de concretarse, consistirían en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes tanto para personas como para entidades.
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Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista.
En marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que exige a la UE aprobar sanciones “específicas e individuales” contra funcionarios del régimen orteguista y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses.
Para que la UE imponga sanciones, primero la alta representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembros y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime, subrayó Confidencial.
Según Confidencial, Pallais también advirtió que para 2020 el caudillo sandinista estaría apostando a convocar a un tercer diálogo nacional para discutir la recuperación de la economía nacional, y dejaría por un lado la demanda de la liberación total de los reos de conciencia y las reformas profundas al sistema electoral.
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Unos 65 reos de conciencia permanecen aún en mazmorras nicaragüenses, la mayoría detenidos durante el levantamiento ciudadano contra Ortega, en abril de 2018.
El presidente logró aplastar la rebelión pero aún se vive descontento y movilizaciones contra el Gobierno, que sigue violando los derechos humanos, según organizaciones locales e internacionales.
De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que de los 91 excarcelados 41 estaban condenados, 39 estaban siendo procesados, y 4 estaban en condición de detenidos.
La vicepresidenta Rosario Murillo catalogó la excarcelación de las 91 personas como una “muestra de voluntad” de su gobierno, detalló Confidencial.
Los violentos hechos de abril de 2018 ha dejado en Nicaragua 328 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
