El Tribunal Supremo Popular de Cuba ratificó y elevó en algunos casos las sanciones a familiares y amigos de un cubano preso en EEUU por lavado de activos desfalcados al programa Medicare, y otros delitos asociados, cometidos en Sancti Spíritus y La Habana.
Se trata del caso del cubanoamericano Orelvis Olivera Amador, que el periódico oficial Escambray sacó a la luz a finales de 2017 en un extenso reportaje y esta semana ofrece sus conclusiones.
Olivera Amador era uno de los titulares de la sucursal Acclaim Home Health Care Inc en la Florida, a través de la cual facturó al Medicare ocho millones de dólares por créditos fraudulentos. El programa federal desembolsó alrededor de 7.300.000 a la mencionada entidad por servicios nunca prestados.
A partir de las posibles ramificaciones en la Isla de las actuaciones ilícitas del cubanoamericano, la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus desarrolló un acto administrativo contra este ciudadano y otros seis que el medio local describe como "terceros beneficiados o testaferros".
Al amparo del Decreto-Ley No. 149, el patrimonio ilegítimo confiscado sumó más de 6.436.900 pesos en moneda nacional, incluidos en la cifra, entre otros bienes, un auto, cuatro viviendas, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
La suma millonaria también tuvo como destino la remodelación de algunas de estas propiedades —adquisición de materiales y pago de mano de obra mediante—, la construcción de una con un restaurante privado en su segundo nivel, y el funcionamiento de ese paladar en Zaza del Medio y otro en la ciudad del Yayabo, así como del lujoso hostal Casa Amador, en el Vedado, La Habana.
Olivera Amador y otras 13 personas fueron acusados por los delitos de lavado de activos, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.
La Sala Primera de lo Penal, perteneciente al Tribunal Provincial Popular (TPP) sostuvo que los también conocidos como "prestanombres" —una amistad, la madre del acusado principal y otros familiares de este— tenían plenitud de facultades para inferir racionalmente que el dinero utilizado en las adquisiciones y transferencias de bienes y derechos ejecutadas en territorio nacional provenía de un delito cometido en el exterior.
Los principales implicados también fueron acusados de declarar sumas inferiores a las reales a los funcionarios públicos, incluidos los de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), con el propósito de pagar menos impuestos.
La Justicia cubana solo absolvió a uno de los 14 implicados en la causa 136 de 2017, según el medio oficial.
Tras la presentación de recursos de casación por los sancionados, la última palabra la dio el Tribunal Supremo Popular (TSP), que en la mayoría de los casos (11) ratificó las condenas impuestas por el TPP, y en dos, las elevó.
Por el lavado de activos, Orelvis Olivera recibió una pena de diez años de privación de libertad. Atendiendo a ese delito y al de evasión fiscal, el TSP modificó a Brian Rangel Pérez (con vastos poderes concedidos por el jefe de los negocios) la sanción conjunta y única de cinco años, solicitada por el TPP, a seis años de privación de libertad.
El propio órgano aumentó a una de las enjuiciadas la pena conjunta por falsificación de documentos públicos y evasión fiscal y le determinó cinco años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento.
En dependencia del delito incurrido y la gravedad de los hechos, el TSP confirmó al resto de los acusados sanciones que van, según el caso, desde una multa de 2.000 pesos, hasta cinco años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento.
El máximo órgano de Justicia revalidó, además, el decomiso de bienes como medios electrodomésticos y otros recursos, unido a viviendas ubicadas en La Habana, Zaza del Medio y Sancti Spíritus, incluido en este último lugar el apartamento devenido paladar.
