Tras cinco meses de presión, el régimen cubano puso en libertad al activista opositor Ovidio Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y de Cuba Decide.
Ovidio fue arrestado el 7 de septiembre de 2019 durante un asalto a su vivienda ubicada en el reparto Vista Hermosa, de Santiago de Cuba. Luego, fue víctima de un juicio sumarísimo, donde resultó condenado a cinco meses de prisión por el delito fabricado de impago de multas.
Desde la cárcel, denunció golpizas por parte presos al servicio de la policía política.
El encarcelamiento de Martín Castellanos guardó directa relación con la marcha de los girasoles convocadas por Unpacu y Cuba Decide el pasado 8 de septiembre, forma de manifestación pacífica contra la represión en la Isla que fue conjurada por la Seguridad del Estado y sus colaboradores de la población local.
En 2017, el régimen cubano mantuvo a Ovidio Martín ocho meses en prisión sin haberle realizado juicio. Esta vez, el proceso transcurrió sin derecho a abogado y en total desconocimiento de su familia.
Ovidio corrió la misma suerte, quizás un tanto mejor, que el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, preso desde hace tres meses y sobre el que pesa una condena de 9 años de cárcel. Ferrer y su familia ya han denunciado maltratos físicos y psicológicos de los testaferros del régimen en la cárcel donde se encuentra.
Durante 2019, la Unpacu ha sufrido 37 asaltos a las viviendas de sus integrantes, de donde las autoridades han sustraído toda clase de propiedades. Sólo el mes pasado, la organización denunció más de un centenar de detenciones y golpizas a sus miembros.
Diversas organizaciones y personalidades internacionales, como el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigieron la liberación de Ferrer.
Mientras tanto, medios oficialistas intentaron desacreditar al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, al que se le acusa de haber secuestrado a un exmiembro de Unpacu y de haberle dado una paliza junto a otras tres personas.
Se trataría de un delito común que el régimen habría construido con pruebas falsas (la propia esposa de la víctima confirmó hace semanas que la declaración de su marido era producto de las presiones del régimen, y que sus lesiones eran consecuencia de un accidente en motocicleta anterior).
