Amnistía Internacional advirtió este jueves que los derechos humanos “en gran parte de las Américas” se encuentran bajo nuevo ataque, con dirigentes “intolerantes y cada vez más autoritarios” que en 2019 recurrieron a “tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otros países”.
Al presentar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región, la organización no gubernamental destacó que ante los movimientos de protestas que emergieron en 2019, las autoridades respondieron “por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban”.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, coincidió en alertar sobre el retroceso de libertades en la región tras el estallido de las revueltas y reclamó a los gobiernos atender “la desigualdad”.
La oenegé cifra en 210 los muertos en protestas callejeras que en el 2019 hubo en Haití (83), Venezuela (47), Bolivia (35), Chile (31), Ecuador (8) y Honduras (6). La organización también recuerda las movilizaciones en Puerto Rico y Colombia, aunque no hace referencia a los tres fallecidos en las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. No obstante, y a pesar de la desaparición de la guerrilla de las FARC, AI remarca que Colombia sigue siendo “el país más letal” para los defensores de los derechos humanos, con la muerte de 106 “líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos”.
El informe dice que las protestas “fueron generalizadas y sus reivindicaciones abarcaban desde poner fin a la corrupción hasta tener un acceso más equitativo a la educación y a un nivel de vida y salud adecuado”. AI denuncia que las autoridades respondieron a las protestas “con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban”.
Por su parte, AI también critica a Bolsonaro, denuncia la escasez alimentaria en Cuba y Venezuela y dibuja un panorama dramático en una Centroamérica cuyos ciudadanos ven vulnerados sus derechos por distintas vías. En Nicaragua constata el asesinato de 328 personas por las fuerzas de seguridad o grupos de choque sandinistas; en Guatemala pone el acento en la corrupción después de que el anterior presidente, Jimmy Morales, expulsara a la Comisión Internacional contra la Impunidad; mientras que en El Salvador y Honduras destaca los altos índices de criminalidad.
Además de seguir denunciando la violencia de género, AI se refiere al drama de los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y expone la doble moral del presidente mexicano, López Obrador, que acostumbra a plegarse a las exigencias de Washington por motivos comerciales. Igualmente, cuestiona a Perú, Chile y Ecuador por imponer restricciones a los inmigrantes venezolanos.
El informe también destaca los problemas del ambiente, la violencia de género y la impunidad como motivos de preocupación en la región.
