En las Relatorías Especiales de la ONU: sobre la libertad de religión o de creencias, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de cuestiones de las minorías de conformidad con las resoluciones 40/10, 42/22, 34/18, 41/12 y 34/6 del Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional se acusó a Cuba desde el pasado 13 de mayo por atentar contra libertad de religión en la isla.
Desde entonces el régimen de Miguel Díaz-Canel no se ha pronunciado sobre las irrefutables pruebas presentadas sobre la discriminación de cubanos en función de su religión o sus creencias y la desarticulación de iglesias constituidas en el país.
“Estamos alarmados por la destrucción de lugares de culto, violando el derecho de establecer y mantener estos espacios para la protección de la identidad religiosa (…) y también el derecho de la libertad de religión o de creencia. Deseamos subrayar que estos hechos parecen ser incompatible con normas de derechos humanos consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Cuba firmó el 28 de febrero de 2008, en particular, las garantías sobre la libertad de religión también protegidos en los artículos 15 y 57 de la Constitución de la República de Cuba”, precisa el documento publicado por la ONU.
En este contexto, se denunció el presunto acoso continuado del régimen cubano contra el pastor Alain Toledano, del Movimiento Apostólico de Cuba, su familia y los miembros de su congregación, cuyos miembros constituyen una minoría religiosa en Cuba.
“Estamos preocupados por la supuesta supresión de sus actividades religiosas y los actos de intimidación en su contra, incluidos el uso de prohibiciones de viaje, vigilancia, interrogatorios frecuentes en las estaciones de policía, detenciones arbitrarias, y desalojos forzosos. Estos y otros actos habrían impedido a los seguidores del Movimiento Apostólico organizar y asistir a eventos, y restringido su derecho a observar y expresar libremente en privado o en público sus creencias religiosas o de otro tipo”, detalla el comunicado.
En el documento público se refiere que “desde noviembre 2005, el pastor Alain Toledano, su familia y los miembros de su congregación, habrían sido objeto de una campaña constante de acoso e intimidación por las autoridades cubanas, incluida la Oficina de Asuntos Religiosos. Esta campaña se debería a su posición de liderazgo en la Iglesia Emmanuel en Santiago de Cuba, que está afiliada al Movimiento Apostólico, una red de iglesias que el gobierno se ha negado a reconocer y a registrar”.
Según los datos compilados por la ONU a lo largo de 2005, “el pastor Toledano habría sido objeto de repetidas restricciones de viaje que limitaron su capacidad de asistir a varios eventos internacionales a los cuales había sido invitado oficialmente. En noviembre de 2007, la iglesia del pastor habría sido destruida, y la propiedad y todos sus bienes habrían sido confiscados por las autoridades. Años más tarde, en 2013, se alega que hubo varios intentos de entrar en la nueva residencia del pastor Toledano por personas desconocidas. A pesar de las denuncias, las autoridades no investigaron. Además, por algún tiempo, su residencia habría estado bajo vigilancia por personas desconocidas”.
Por segunda ocasión las autoridades habrían ordenado la demolición de la nueva propiedad y la iglesia del pastor, así como otras iglesias en la zona de Santiago de Cuba.
“Durante la demolición de su propiedad, su esposa y tres hijas jóvenes habrían sido arrestadas y detenidas en incomunicación, mientras que decenas de miembros de la iglesia habrían sido
retenidos de manera temporal en una escuela local y cientos de otros en las comisarías de policía de toda la región”, precisa el documento.
“El 25 de septiembre de 2019, el pastor Toledano habría sido acusado del delito de desobediencia, según el artículo 147 de Código Penal Cubano, en relación con el evento 'Déboras 2019' que su iglesia habría realizado en agosto de ese año. La conferencia habría tenido el objetivo de promover el liderazgo de las mujeres cristianas en asuntos religiosos. Debido a los cargos penales en su contra por desobediencia, el pastor Toledano estaría enfrentando el riesgo de ser arrestado y encarcelado”, publicó la ONU.
“Sin pretender prejuzgar la veracidad de la información recibida, deseamos expresar nuestra más profunda preocupación por estos actos de intimidación, trato degradante y restricciones,
incluidos prohibiciones de viaje, registros al pastor Toledano desnudo, mantenidos de pie durante horas, se les negó la posibilidad de beber agua, y sus posesiones, incluyendo los libros religiosos, que habrían sido confiscados”, refiere el documento.
El tanto, el gobierno cubano evade las acusaciones haciendo silencio absoluto.
