El jefe del departamento penal de la Fiscalía Provincial de Holguín, Reinaldo Castellano Pérez, informó a medios de prensa de este territorio, que durante la pandemia del coronavirus, han evaluado “casos más graves que tienen que ver con sanciones de más de un año de privación de libertad”.
“Hasta el 3 de junio contabilizamos 60 expedientes de este tipo: 23 por atentados, 10 por receptación y 3 por apropiación indebida”, precisó.
Según una nota publicada en el periódico oficialista Ahora, “el delito de Propagación de Epidemia se incrementó en Holguín durante la semana recién concluida, por las personas no usar el nasobuco; además, de encontrar alto número de ciudadanos compartiendo libremente y en fiestas”.
De las 661 denuncias radicadas por hechos vinculados con la COVID-19 en la provincia, 157 han sido por Propagación de Epidemia. También han prevalecido “delitos de actividad económica ilícita, especulación y acaparamiento”.
“Es importante resaltar las agresiones a los agentes del orden, ya sea del Minint o de las FAR, quienes están para cumplir la disposición y normas legales. Por estas conductas han prevalecido 35 casos de Desacato, 103 de Desobediencia, 4 de Resistencia y 23 de Atentado, lo que demuestra la violencia y agresión contra la autoridad”, señaló Castellanos Pérez.
“A los Tribunales hemos enviado 54 actuaciones (hechos cuya sanción es de hasta un año). Ya se han desarrollado 38 juicios, con un total de 53 acusados. Prevalecen las sanciones de trabajo correccional sin internamiento, que fueron 36 (vinculado al centro de trabajo hasta que cumpla la sanción bajo vigilancia estricta de un juez de ejecución), de ellos, en 25 casos se combinó con multas, (en la mayoría de los casos entre mil y 2 mil pesos)”, detalló el jefe del departamento penal de la Fiscalía Provincial de Holguín.
Ahora, puntualizó que en “14 procesos las sanciones llevan internamiento, 5 de ellas puramente de privación de libertad y 9 de trabajo correccional con internamiento. También se han impuesto 3 de limitación de libertad”.
En total han sido 80 acusados, de los cuales 36 permanecen en prisión provisional hasta el día del juicio.
El municipio de Holguín es el de mayor incidencia, aunque también han ocurrido varios casos en Gibara, Mayarí y Banes; no obstante, en todos los municipios se han apreciado conductas delictivas, según se afirma en la nota del diario del Partido Comunista en esa provincia.
La política de la Fiscalía manifiesta un enfrentamiento con severidad, a su vez que refuerza los vínculos con los órganos represivos del régimen. Miles de multas se han aplicado en el país, a personas por no portar el nasobuco (mascarilla) o su uso indebido; a la vez que las autoridades policiales intensifican las acciones de decomisos a productores, campesinos y dueños de negocios privados.
Luego, los operativos policiales y juicios son trasmitidos por la televisión estatal y los medios de propaganda del gobierno, con el fin de intimidar a la población. En tanto, el dinero y productos van a las arcas del estado.
