La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés), alertó sobre las “tácticas represivas del gobierno cubano”, que en el transcurso de 2021 han alcanzado una escala mayor.
Según la entidad, el aumento de la persecución es “directamente proporcional al propio terror que invade al régimen ante el impacto de las acciones de la emergente sociedad civil”.
Según se expresa en un comunicado enviado a ADN CUBA por la FHRC, “a partir del impulso que generó en el pueblo el accionar de los Movimientos San Isidro, 27N y [y la represión del] 27 E, la dictadura reorganiza y combina las herramientas de su metodología” para enfrentar el activismo cívico.
La Fundación señala los “asesinatos de reputación”, para los que a través de sus medios de prensa “el gobierno reforzó su campaña de desmoralización, enfocada en activistas, opositores y movimientos que exigen cambios concretos en la realidad”.
Como parte de esa práctica, los miembros del Movimiento San Isidro, periodistas independientes y opositores, han sido expuestos públicamente como supuestos “mercenarios” y personas de “cuestionable reputación”. A la par, “el régimen utiliza perfiles falsos en las redes sociales para atacarlos”.
Además, “grupos de respuesta rápida” de funcionarios o personas afines al oficialismo se han reactivado, para protagonizar los llamados “actos de repudio”, que no son menos que mítines de odio “amenazantes y tumultuarios, en medio de una grave crisis sanitaria”.
“Opositores, activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que reclaman el respeto a sus derechos, son constantemente repudiados por turbas al servicio de agentes de la policía secreta de la dictadura”, denuncia la FHRC.
La Fundación señala la táctica del “control directo y acoso físico”, por el que agentes al servicio de la policía política, se apostan durante días y a toda hora frente a las viviendas de activistas o miembros de la sociedad civil que no simpatizan con el gobierno.
“Estos represores en la gran mayoría de los casos les impiden la libertad de movimiento, incluso para trasladarse a buscar productos de primera necesidad. En muchos casos tocan a sus puertas e irrumpen en sus hogares con discursos amenazantes, en presencia de sus familiares”.
Lea también
Como novedad en los últimos meses, se ha incorporado el uso de cámaras de vigilancia. “En medio de un océano de miseria y necesidades la dictadura emplea miles de dólares y recursos humanos en instalar potentes y costosas cámaras de vigilancia frente a las viviendas de numerosos activistas y opositores”, informa la entidad.
La imposición de “multas arbitrarias”; la realización de llamadas telefónicas “amenazantes” a activistas, periodistas y familiares de estos; pintar consignas “revolucionarias” en las fachadas de viviendas privadas de opositores, son otras muestras de acoso por parte del Estado.
Continúa la violencia policial con agresiones brutales “a activistas, artistas, intelectuales, opositores y ciudadanos en general, que realizan protestas pacíficas públicas contra el sistema y la crisis imperante”.
Como hecho inédito, al menos en su visibilidad e impunidad, se reseña el “uso de altos funcionarios en acciones violentas”, como lo ocurrido cuando “el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso atacó físicamente a activistas del 27N (…) y al periodista de Diario de Cuba Mauricio Mendoza”.
En la represión del 27 de enero frente al ministerio, también “los viceministros Fernando León y Guillermo Solenzal apoyaron, con actos violentos, la conducta del ministro. El gobierno espera que sus funcionarios establezcan con su ejemplo la norma de obediencia y violencia que esperan sigan sus subordinados”, denunció FHRC.
También, durante la pandemia y a partir del descontento social, “el régimen ha enviado a sus fuerzas de control [militares] para amedrentar al pueblo y evitar estallidos sociales. Tanto en la capital, como en provincias orientales, se han reportado despliegues militares para ejercer control ciudadano”.
“Tropas élites del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias han sido utilizadas para evitar protestas pacíficas”, afirma la Fundación, al tiempo que llama la atención sobre una nueva disposición legal que ha decretado que “amplias zonas residenciales de la capital y una zona de instalaciones turísticas de propiedad de la empresa militar GAESA en Holguín, se regirán en lo adelante por restricciones de seguridad excepcionales -inconstitucionales- que limitan el libre movimiento, comercio y otras actividades”.
Militarización de las colas para comprar alimentos y otros productos, así como el bloqueo del servicio de internet como respuesta a convocatorias de manifestaciones pacíficas o antes de acciones represivas, son parte del esquema represivo que está aplicando el Estado en Cuba.
