En Cuba es muy sencillo que normas inicialmente encaminadas al bienestar y la justicia social devengan en irregularidades, arbitrariedades y obstáculos para el día a día de muchos, incluso supuestos beneficiarios de las mismas.
Prueba de ello es lo que ha estado sucediendo en estos tiempos de coronavirus con ancianos y embarazadas, privados de su derecho a circular y moverse libremente para protegerlos, en tanto integrantes de sectores vulnerables a la enfermedad pandémica, de un eventual contagio.
Sin embargo, al no estar acompañada esa medida de una estructura de solidaridad, trabajo social o medidas complementarias que realmente funcionen, muchos ancianos y embarazadas se ven forzados a salir y formarse en largas colas, o desplazarse grandes distancias, para adquirir insumos y alimentos básicos.
De ser vistos o detectados por las autoridades, éstas les propinan reprimendas, amonestaciones verbales y les dicen que no están autorizados a salir de sus casas hasta que la contingencia sanitaria ceda. Tal fue el caso de la periodista oficialista Cristina Escobar, quien está embarazada y ha relatado en sus redes sociales al menos un par de encontronazos con las autoridades o veladores del cumplimiento de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19.
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Un caso más reciente fue expuesto por el periodista José Alejandro Rodríguez, desde su sección Acuse de Recibo en el diario Juventud Rebelde, quien relató la situación de Manuel González Ansoar, un anciano de 73 años “que la está pasando duro en estos días de pandemia con la alimentación suya y la de su esposa, de 74”.
Residentes en el Cerro, “son ellos dos solitos, en medio de esta complejidad”. Ante la falta de apoyo de trabajadores sociales o el Sistema de Atención a la Familia, previsto para auxiliar la alimentación de casos sociales y personas en situaciones de vulnerabilidad, González ha tenido que intentar “sumarse a las largas colas en las tiendas que expenden alimentos, pero allí en el Cerro se lo tienen prohibido a los ancianos e impedidos físicos”, relata Pepe Alejandro, como muchos llaman en el gremio periodístico de la isla al autor de Acuse de Recibo, uno de los periodistas oficialistas más queridos y respetados.
En opinión de éste, que en el Cerro impidan a los ancianos e impedidos estar en colas es “una consideración muy loable, pero que debe estar acompañada de una solución”.
González “ha hecho innumerables gestiones con la secretaria de la presidenta del Consejo de la Administración Municipal”, pero sigue sin poder comprar alimentos, que tampoco “se los facilitan desde el Sistema de Atención a la Familia u otra alternativa”, denuncia el periodista, que se cuestiona, jugando con el lema del municipio capitalino en el que residen los ancianos, “si el Cerro no tendrá también la llave “para abrir la solución de este caso”.