Un joven barbero residente en el municipio Cotorro, en La Habana, se negó pelar a una persona que identificó como “un chivato [delator]” y que colaboró en la represión del levantamiento popular del 11 de julio.
Elizabeth Marchante, cubana residente en Miami, publicó un video del incidente, cuando su hermano Richard echó al fornido sujeto de la barbería.
El presunto agente de la policía política, en tono amenazante, le dijo al joven: “Tú eres un falta de respeto por decirme a mí chivato”, y le exigió que cerrara el establecimiento.
Richard se negó a cumplir órdenes y le dijo al castrista: “Vamos para donde tú quieras, con la policía, vamos para donde tú quieras… ¡No te quiero pelar, asere! A la gente como tú hay que hacerle esto.”
Luego su hermana Elizabeth denunció que Richard “fue arrestado hoy [jueves 22 de julio] porque no quiso pelar a un maldito comunista, ese es el país donde hay millones de personas viviendo bajo un régimen al que se le puede llamar esclavitud, ya que si no haces lo que un comunista dice te meten preso”.
Según esta persona, el joven le dijo “chivatón” porque lo vio “cargando personas para los carros de policía”.
Añadió que en la isla “te denuncian de ser contrarrevolucionario, no puedes tener libertad de expresión y no puedes decidir en quien depositar tu talento y tu tiempo”. La joven exiliada también dijo: “abajo todos los malditos chivas que gracias a ellos Cuba esta como esta”.
Tiempo después, Elizabeth Marchante confirmó que a Richard lo habían liberado. El presunto agente o colaborador de la policía política se llama Frank García y trabaja en el policlínico “Efraín Mayor”, del Cotorro, según se lee en la ampliación de una identificación que le cuelga del pantalón.
Para sus operaciones de vigilancia y represión, la Seguridad del Estado utiliza agentes de civil que pueden o no pertenecer formalmente al Ministerio del Interior (Minint). Algunos están empleados en instituciones del Estado que en apariencia no tienen que ver con labores policiales, pero cuando ocurren protestas u otra actividad que el régimen interpreta como disidente, activa las llamadas “Brigadas de respuesta rápida”, concebidas para enfrentar a los ciudadanos que se manifiesten en el espacio público. Eso ocurrió el 11 de julio y durante días sucesivos.
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Ante el levantamiento popular, que comenzó con protestas pacíficas, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo en la televisión nacional que “la orden de combate está dada”, y envió “a la calle [a] los revolucionarios” para contener las inéditas protestas.
Desde entonces, junto a los efectivos de la temida Brigada Especial Nacional del Minint, la Policía Nacional Revolucionaria, y tropas del ejército, se vio a grupos paramilitares (vestidos de civil) golpeando con objetos contundentes e inmovilizando a los manifestantes.
Hasta ahora, el saldo de las manifestaciones es de cientos de detenidos, un número indeterminado de heridos y al menos una muerte reconocida por el gobierno. El régimen comenzó a hacer juicios sumarios para enviar a la cárcel a los participantes, e incluso a testigos que solo tomaron imágenes.
