El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Cuba Stuardo Ralón manifestó preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas en la isla y calificó la situación como “dramática”.
Ante las interrogantes de la agencia AFP al respecto, Ralón dijo que “no se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política. Y cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años.
También evidenció las preocupaciones de la CIDH por la salud del artivista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra recluido desde el 11 de julio, día de las insólitas protestas en la Cuba castrista.
Sobre los detenidos por manifestarse el 11J, Ralón citó las cifras oficiales de la Fiscalía General de la República, que sostiene que 790 fueron detenidas y están siendo procesadas bajo una medida de reclusión domiciliaria por su participación en las manifestaciones.
En otros datos aportados por Fiscalía tras casi ocho meses de las protestas, está que unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 han sido “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Asimismo, 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
Para Ralón, los acusados por sedición han sido víctimas de una tipificación “ambigua” “como delitos de sedición o terrorismo. Realmente se pretende criminalizar un acto que lo que pedía era una apertura democrática”.
Otro tema abordado por el jurista fue el exilio forzado de la historiadora del arte Anamely Ramos, a quien le fue prohibida la entrada al país el pasado 16 de febrero.
“Un estándar internacional es que no se le puede prohibir a un nacional ingresar a su propio país. El problema es que cuando no existe una democracia, sino un poder único que va violentando derechos humanos, garantías individuales, se pueden dar este tipo de atropellos. Esto es a todas luces algo sumamente grave y una violación clara también de los derechos humanos”, sostuvo Ralón.
