La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el incremento de la represión en Cuba tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio y exigió al régimen cubano respetar el debido proceso de los detenidos y acusados por manifestarse.
Acotó el organismo que las penas impuestas son “desproporcionadas” y que existen violaciones a los derechos humanos de los arrestados.
La CIDH ha dado seguimiento a la situación de la isla desde las protestas. Varios de sus comunicados señalan el auge de la represión estatal. El 15 de julio “la Comisión y sus Relatorías Especiales condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas, y llamaron al Estado a garantizar integralmente el derecho a la protesta, y a observar los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza estatal y de debida diligencia para la investigación de los hechos denunciados”.
El resto de los comunicados de la CIDH mostraron preocupación por las detenciones arbitrarias, los juicios exprés y la criminalización del derecho a manifestación.
Sobre los procesos judiciales abiertos contra los manifestantes, la CIDH resaltó, en su audiencia del 21 de octubre, que “estos procesos se caracterizarían por vulneraciones a las garantías judiciales como la incomunicación de personas detenidas; interrogatorios con fines intimidatorios; e imposibilidad de contar con una defensa jurídica adecuada”.
Hasta la fecha la organización sin fines de lucro Cubalex reportó que 658 cubanos permanecen privados de libertad por haber participado en el 11J. La Fiscalía solicitó penas de entre 5 y 25 años para 198 personas, seis de estas son adolescentes.
Los delitos más recurrentes por los que se abrieron los procesos fueron desorden público, atentado, desacato, instigación a delinquir, propagación de epidemias y daños.
Subrayó el texto que varios detenidos estuvieron incomunicados durante semanas y que líderes opositores como José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba; Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, y Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro han sufrido restricciones para comunicarse con sus familias.
“En este contexto, la CIDH urge al Estado a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, o en contra de personas disidentes. De igual forma, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social. Por tanto, debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas en el contexto de las protestas, siguiendo los estándares interamericanos”, concluye el comunicado.
Organizaciones de la sociedad civil cubana también han manifestado su inquietud por las altas condenas pedidas por las autoridades fiscales.
