Lo del régimen contra los cuentapropistas es una pelea, como se dice, “de león para mono”, porque mientras el gobierno cuenta con todo su sistema para mantener los precios topados en productos y servicios, los segundos, con los mismos precios, tienen que hacer una inversión mayor, que deja un reducido margen de ganancia.
Desde octubre último, la administración de Miguel Díaz-Canel mantiene esta especie de “cacería de brujas” contra los cuentapropistas, caracterizada por multas excesivas y decomisos, incluso por el retiro de licencias, bajo la excusa de proteger a los consumidores. Pero a todas luces el objetivo es mantener este sector económico controlado y respondiendo a sus intereses.
A la par, y como es su costumbre, el régimen ha llevado la ofensiva a sus medios de comunicación y propaganda, como parte de la maquinaria represiva, señalando contantemente las acciones que se realizan contra los cuentapropistas para que sirvan de escarmiento a otros.
Un ejemplo de esto es el artículo publicado este 6 de marzo por el oficialista periódico Granma bajo el titular “No habrá tregua con los especuladores”, donde tilda de “oportunistas” a trabajadores por cuenta propia que mantienen una oferta estable, a pesar de la terrible escasez que impera en el país.
El medio castrista refiere que, en los mercados agrícolas y plazas de la ciudad de Santa Clara, en el centro del país, sobresalen las infracciones detectadas por las autoridades. “La desinformación al pueblo, el hecho de no tener el listado de precios, el engaño a los consumidores, las alteraciones del valor de las mercancías, la mala aplicación de las normas de consumo y los precios abusivos y/o especulativos”, son los principales problemas según la prensa castrista.
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Según Granma esto fue demostrado durante las “más de 5500 inspecciones desarrolladas durante los dos primeros meses del año por el cuerpo de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión de Villa Clara”.
Aquí cabría preguntarse: ¿por qué, o para qué tantas inspecciones? Y la respuesta siempre sería la misma: el castrismo no quiere un sector privado próspero.
Destaca además el medio oficialista, que estas inspecciones han puesto en evidencia “el descontrol y la desidia de determinadas administraciones, las que se hacen de la 'vista gorda' ante los negligentes, en una manifestación de complicidad”.
Y pone de ejemplo una cooperativa de créditos y servicios de otra ciudad, Caibarién, donde el ají pimiento era vendido a 25 pesos la libra, cuando lo estipulado oficialmente es a seis pesos. Sin embargo, en ningún momento se hace referencia a las tiendas que venden en Moneda Libremente Convertible (MLC), las cuales además de tener precios excesivos, comercializan sus productos en divisas extranjeras.
Asimismo, apunta que en este período han sido aplicadas “5413 contravenciones personales”, lo que se traduce en que el importe total de las multas ascendió a 3 millones 127 045 pesos, a lo que hay que sumar que “fueron retiradas 99 licencias para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y se efectuaron 19 decomisos”.
