Por Laura Becquer
A Vertrudiz, una “guajira de buen corazón”, la asesinó su pareja hace una semana en la ciudad cubana de Cienfuegos. Antes, Yankiel, con antecedentes de violencia machista, le había quitado la vida a Yamilka y sus dos hijas de 2 y 5 años en un pueblo rural de Las Tunas.
Gisel, Marta, Mailin y casi una treintena de cubanas tuvieron un destino similar en 2020: morir violentamente a manos de sus parejas o exparejas, según el recuento de activistas de la sociedad civil que recogen estos datos y los publican en las redes sociales en contraste con la prensa estatal, donde la crónica de sucesos prácticamente no existe.
Con este tipo de casos proscritos del periodismo oficial, el problema de la violencia de género ha permanecido durante décadas fuera de escena en Cuba. Hasta ahora.
A finales del 2018 el Gobierno autorizó el servicio de internet móvil y con él, miles de cubanos aterrizaron en las redes sociales, convirtiéndose en cronistas en tiempo real de los sucesos en Cuba, a la vez que la conectividad facilitaba que el activismo se articulara de forma mucho más rápida y efectiva para reclamar medidas que ayuden a frenar esta lacra.
Emergencia nacional
Ahora, estos grupos alertan de que los encierros a causa de la pandemia del coronavirus han disparado los feminicidios o asesinatos por razones de género, un tipo penal específico que no está recogido por la legislación cubana.
Cinco mujeres han muerto violentamente en lo que va de 2021 a mano de sus parejas, según denunciaron la plataforma Yo Sí Te Creo Cuba y la revista Alas Tensas, volcadas en visibilizar este problema en el país caribeño.
Ambas llamaron el pasado 5 de febrero a declarar emergencia nacional ante el incremento de la violencia de género durante la pandemia.
Sus demandas abarcan no sólo una actualización de las cifras oficiales de feminicidios, sino también la cooperación dentro de un sistema integral de atención a las víctimas y la aprobación de una ley integral contra ese fenómeno, aunque esta última iniciativa no ha sido aceptada hasta ahora por el Parlamento cubano.
Desde Alas Tensas creen que ello “habla claramente de la falta de atención urgente del Gobierno frente a la situación de la mujer cubana, agravada por la crisis pandémica y el empobrecimiento de la sociedad, donde la mujer lleva la peor parte”.
“Una sola muerte por razones de género importa y es una razón suficiente para promulgar una ley contra la violencia de Género, tipificar el feminicidio en el Código Penal y una serie de acciones por parte del Gobierno que estamos esperando desde hace muchos años”, subrayó esta publicación.
Los hijos, también víctimas
En Cuba, durante 2020 ambas plataformas contabilizaron 29 feminicidios -incluidos dos de mujeres canadienses-, tres infanticidios asociados y el asesinato de un niño como represalia hacia su madre. También se reportaron casos de violencia sexual contra mujeres y niñas e intentos de asesinato.
En contraste, la última estadística oficial actualizada data de 2016 y refleja que el 26,7 % de las mujeres entre 15 y 74 años sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio.
Apenas el 3,7 % de las cubanas que relataron sufrir agresiones en sus vínculos amorosos actuales o anteriores pidieron ayuda institucional, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en aquel entonces y que incluyó a 10 mil 698 féminas.
Ese mismo dato está recogido en un informe nacional enviado en 2019 a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de Naciones Unidas.
Feminicidio como delito
La pareja de Vertrudiz Juez se suicidó tras dispararle a quemarropa con un arma de fuego. De seguir vivo, enfrentaría cargos por asesinato, con una sanción que va de entre 15 y 30 años de prisión hasta la pena de muerte -aunque esta última está suspendida en Cuba desde 2003 y se conmuta por cadena perpetua.
El Código Penal vigente no tipifica el feminicidio y establece que los delitos de lesiones, coacción o amenaza no se investigan por parte de las autoridades si no existe una denuncia de la víctima o de un tutor, en caso de discapacidad.
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La alusión más cercana al feminicidio en Cuba aparece en el artículo 264.1, que reconoce como asesinato “al homicidio producido entre parientes o cónyuges de matrimonios formalizados o no”.
Incluir la violencia de género y el feminicidio en el Código Penal es un paso “imprescindible”, aunque “no resuelve el problema por sí mismo”, afirmó a EFE la especialista en temas de género Ailynn Torres.
“No se trata de alimentar una lógica punitivista, que sabemos que no funciona porque no previene, sin ensamblarla con otras acciones. Por eso sería importante una norma integral que piense el problema en toda su complejidad”, sostuvo Torres, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
A su vez, Alas Tensas considera que el asunto no pasa solamente por tipificar el feminicidio en el Código Penal, sino también por establecer de forma urgente una red de casas de acogida, renovar los programas de estudios, capacitar al funcionariado público y a la Policía.
Respuesta estatal
El régimen cubano reconoce la violencia de género en la nueva Constitución (2019) y respalda a las mujeres que la sufren, si bien para las organizaciones activistas su respuesta es aún insuficiente. Pero vislumbran esperanza.
En diciembre de 2020 comenzaron a desarrollarse programas de capacitación a especialistas de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, vinculadas a la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según la estatal Agencia Cubana de Noticias, la iniciativa se trata de una guía básica para operadores de una línea telefónica de ayuda a víctimas de violencia de género.
No obstante, Torres opina que el hecho de que el Estado e instituciones como la FMC asuman un papel más notable en la conversación política sobre las violencias machistas denota que comienza a haber más concienciación de su parte, y que se hacen eco del empuje de las iniciativas ciudadanas.
“Si comparamos la acción estatal de hoy, en 2021, con la de hace cuatro años, vemos que hay mayor atención y gestión y también que en una buena parte de los medios de comunicación estatales se aborda el problema (y otros asociados) de forma sistemática”, afirmó.
Para la experta, queda pendiente una mayor visibilidad de estos sucesos en la prensa estatal, donde además las referencias se limitan a la violencia en los hogares o al acoso sexual callejero, mientras “se habla poco o nada de aquella que tiene lugar en las escuelas, los centros de trabajo y los espacios de militancia política”.
También llamó la atención sobre la atención policial a las denuncias y procesamiento de los casos: "una parte importante de las mujeres queda desprotegida y desconfía de las posibilidades de apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones", insistió Torres.
