El cine y la literatura están llenas de historias donde un asesino se hace pasar por su víctima para ocupar su lugar y apoderarse de sus bienes. Un argumento parecido vemos los cubanos por estos días en el drama de la red digital cubana Snet (Street Network) luego de que las resoluciones 98 y 99/2019 del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) la convirtieran en ilegal.
Muchos de los que se han interesado en Snet, ya sea desde el mundo académico o periodístico, coinciden en denominarla como red comunitaria (community network). Incluso, la prensa oficial cubana, en ciertos —y contados— episodios románticos que tuvo con esta, también reconoció su carácter de comunidad, de “red de la calle”, como atestiguan trabajos publicados en Somos Jóvenes, Cubadebate e incluso Granma. Sin embargo, en cuanto los usuarios de Snet comenzaron a luchar para evitar su disolución, el discurso oficial cubano se alineó para nombrarla como “red privada de datos”, un término que no había parecido en los textos anteriores y que incluso repitieron medios extranjeros como las agencias EFE y AP.
Por supuesto, que en un país donde la propiedad privada —sin importar su volumen ni ámbito de existencia— se ha presentado sistemáticamente como algo negativo, este movimiento de términos no resulta casual ni inofensivo.
Según la organización Internet Society y la Declaración de la primera cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias este tipo de redes se caracterizan por ser construidas y gestionadas por personas de la propia comunidad que combinan sus recursos, organizan sus esfuerzos y se conectan entre sí, sin intención de lucro y con fines comunitarios, para satisfacer sus propias necesidades de comunicación y achicar la brecha de conectividad y cultural. Snet cumple, en lo básico, con estos rasgos a pesar de algunas tendencias al lucro y divisiones que han existido en su interior. Sin embargo, para el gobierno cubano, en su estrategia de absorción/disolución, Snet era privada.
¿A qué se debe esta negación de su carácter comunitario? Existe todo un movimiento internacional en favor del desarrollo de las redes comunitarias, no solo porque tecnológicamente brindan alternativas para la conexión a bajos costos de zonas remotas o con desarrollo limitado, sino también porque, desde el punto de vista social, empoderan a las personas, fomentan la participación, promueven la alfabetización digital y crean nuevas oportunidades de trabajo, entre otras ventajas. La propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Cuba es miembro de su Consejo hasta 2022, recomienda a los gobiernos que estimulen y faciliten su desarrollo.
Por tanto, resulta paradójico que el gobierno cubano cargue contra aquello que debe promover, más aún cuando, al declararse un país socialista, tendría que estimular un proyecto que favorece la socialización de las relaciones de producción y gestión. Pero lo que debía ser el fundamento es en realidad el problema. Para un sistema político totalitario como el cubano, cualquier empoderamiento o asociación que ocurra fuera de los espacios oficiales es potencialmente peligrosa, aun cuando esta se presente como “apolítica” como era el caso de Snet.
Lea también
Pero, trastocar la forma de propiedad de “la red de la calle” no era suficiente. Faltaba otra jugada: suplantar su identidad.
La campaña comenzó en los días previos a la protesta pacífica anunciada para el 17 de agosto. El titular del Mincom, José Luis Perdomo, lanzó un tuit el 12 de agosto donde se refirió a los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) como una “gran red de informática comunitaria” concebida por Fidel.
Al día siguiente el Director de Comunicación Institucional de los JCCE, Alexander Medina, publicó en Juventud Rebelde un artículo en el que hizo alusión a “la red comunitaria creada por el Comandante en Jefe Fidel Castro” y a partir de ese día los directivos de esa institución, del Mincom y usuarios afines comenzaron a tuitear utilizando la etiqueta #RedComunitaria y a incorporar el término a su discurso.
Desde entonces, los Joven Club han comenzado a venderse como LA red comunitaria de Cuba, la mayor y más popular.
Sin embargo, los Joven Club no son una red comunitaria, sino estatal. Aunque brinden servicios a la comunidad y se enfoquen a ella, sus medios pertenecen al Estado, sus políticas y ofertas las diseña el Estado y es el Estado y no la comunidad ni sus usuarios quien tiene la última palabra sobre su gestión y accionar. Algo tan sencillo como la instalación de un juego en los servidores, ya no es una decisión que corresponda a los miembros de Snet, sino a los directivos de los JCCE, y lo que antes se resolvía mediante un intercambio por chat, ahora posiblemente tendrá que atravesar el largo y tortuoso camino de los “canales oficiales” y su evaluación desde la óptica política.
El reciente interés por mostrar a los Joven Club como red comunitaria tiene una triple intención: por una parte, adjudicarse la buena imagen y apoyos que a nivel internacional posee este tipo de red; por otra, repetir la vieja estrategia de hacer pasar por iniciativas sociales lo que en realidad son extensiones del Estado que se encuentran bajo su control; y por último y la más triste de todas, borra la historia y el legado que durante casi dos décadas tejió a costa de sacrificios Snet, la red comunitaria más grande y antigua de Cuba, que ahora parecería como si no hubiera existido.
Si las resoluciones 98 y 99 del Mincom sentaron las condiciones legales para eliminar físicamente a Snet como red autónoma, estas prácticas de negación y suplantación de identidad persiguen matar a la “red de la calle” de una manera más dolorosa y profunda. Una que han practicado sistemáticamente contra aquellos que les resultan incómodos: el borrado de la historia, el olvido.
La buena noticia es que casi nunca lo han conseguido. Al menos, no del todo.
