Agentes de la Seguridad del Estado mantienen un cerco policial en la casa de la periodista independiente Luz Escobar, informó la reportera en redes sociales este 12 de julio.
“Minutos antes de las 8:00 a.m. los agentes de la Seguridad del Estado ya despliegan el cerco policial alrededor de mi vivienda por tercer día consecutivo. El objetivo es impedirme salir a la calle”, dijo la reportera de 14ymedio.
La víspera, Escobar denunció en su cuenta de Twitter que agentes del régimen habían puesto un operativo policial fuera de su casa con motivo del primer aniversario de las protestas antigubernamentales del año pasado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también informó que Dagoberto Valdés, director del Centro Formación Cívica Religiosa, y el joven Manuel de la Cruz Pascual, están confinados en casa y vigilados por la policía.
“Están violando los derechos humanos más básicos frente al mundo”, declaró el artista David D Omni Zona Franca, detenido el domingo junto al también opositor Manuel Cuesta Morúa, quien lo visitaba en su vivienda de Guanabacoa, La Habana.
Desde La Habana, el comunicador independiente Boris González Arenas también denunció estar bajo vigilancia domiciliaria al cumplirse el primer aniversario de las protestas.
La activista Marthadela Tamayo denunció que el pasado 10 de julio tanto ella como su esposo, el músico y también activista Osvaldo Navarro, recibieron amenazas de un agente de la Seguridad del Estado cubana, quien les prohibió salir de su domicilio hasta después del 13 de julio.
El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles durante la jornada de protestas antigubernamentales más importante en la historia del socialismo en la isla, según los expertos.
El régimen acalló la manifestación con violencia los días siguientes. Como resultado, murió el joven Diubis Laurencio Tejeda en el barrio habanero La Güinera, uno de los más combativos de la capital.
ONGs como Cubalex y Justicia 11J —creada luego de estos sucesos— cuantifican en varios miles los arrestados tras la rebelión.
Como escarmiento, el gobierno de Miguel Díaz-Canel impulsó juicios por delitos como “sedición”, que han sido calificados de farsa por especialistas en derecho y defensores de derechos humanos.
